RELE condena la represión en Venezuela y llama a la comunidad internacional a rechazar las violaciones a la libertad de expresión

26 de diciembre de 2024

Washington D.C. – En el contexto poselectoral, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena la represión contra la prensa y la persecución a quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión en Venezuela. La RELE insta al Estado venezolano a cesar de inmediato las prácticas violatorias de derechos humanos y a liberar a las personas detenidas arbitrariamente. Además, reitera su llamado urgente a la comunidad internacional para condenar la violencia institucional, promover la protección de la prensa y reforzar el monitoreo de la situación en el país.

A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2024, las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela continúan deteriorándose, en un contexto marcado por detenciones arbitrarias, restricciones al acceso a la información pública y actos de persecución, intimidación, amenazas y censura. Según declaraciones oficiales, desde el 28 de julio de 2024, más de 2,400 personas han sido detenidas en operativos tanto masivos como selectivos, muchos de los cuales están vinculados a las protestas sociales poselectorales o allanamientos bajo supuestas órdenes judiciales. Al menos 21 de estas detenciones corresponden a periodistas y trabajadores de medios de comunicación, acusados sin fundamento de delitos como terrorismo, incitación al odio, alteración del orden público, asociación ilícita y obstrucción de la vía pública. Según el monitoreo de esta Oficina, en las últimas semanas se ha registrado la excarcelación de algunas personas, incluidos periodistas, aunque los procesos penales en su contra seguirían en curso. Actualmente, al menos seis periodistas y trabajadores de la prensa permanecerían privados de libertad.

Los testimonios recabados por la Relatoría Especial evidencian un patrón de graves violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales, que incluyen la incomunicación de las personas detenidas con sus familiares y abogados, la prohibición de visitas, la denegación de defensa técnica, la falta de notificación adecuada de los cargos y su conexión con los delitos imputados, así como restricciones al acceso a los expedientes y a información crucial en los procesos judiciales.

Además de las detenciones, los informes recibidos por la Oficina indican que la crisis social, política y de derechos humanos en el país ha impactado gravemente el ejercicio del periodismo. Desde su último comunicado en agosto de 2024, la RELE ha documentado de manera continua casos de hostigamiento, acoso, amenazas y otras agresiones contra la prensa, incluyendo allanamientos, cierres de medios, bloqueos digitales de sitios web de noticias, confiscación de equipos, cancelación de pasaportes, despidos arbitrarios, extorsión, amenazas de detención y la divulgación de información personal a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea. Además, las declaraciones estigmatizantes de funcionarios públicos contra periodistas, sumadas a campañas de desprestigio para desacreditar su labor, han exacerbado la violencia contra la prensa y agudizado un clima de temor y autocensura, lo que ha obligado a muchos periodistas a modificar sus rutinas, suspender la cobertura de asuntos de interés público relacionados con las elecciones, desplazarse, exiliarse o, en algunos casos, abandonar definitivamente su profesión.

Las estrategias de censura no se limitan a la prensa, sino que también se han extendido a la población en general, especialmente a quienes apoyan las protestas o la oposición, a través de la “Operación Tun Tun”, que involucra la vigilancia masiva, allanamientos, registros y detenciones arbitrarias. En este contexto, las autoridades también han difundido videos en los que se presenta a personas críticas como criminales, obligándolas a emitir mensajes de arrepentimiento. La represión ha generado un clima de temor generalizado, restringiendo gravemente la libertad de expresión y el acceso a la información, particularmente en un momento crucial para la situación política del país, cuando la ciudadanía debería poder pronunciarse libremente sobre temas de alto interés público.

A estos hechos se suma la reciente promulgación de la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONGs” y la “Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela". Además, se ha documentado el avance del proyecto de "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares”. Según organizaciones de la sociedad civil, la aprobación de estas leyes facilita la persecución arbitraria contra la libertad de expresión y los derechos de reunión y asociación.

La RELE reitera que los ataques dirigidos a silenciar o disuadir la participación ciudadana en asuntos de interés público, así como a periodistas y medios de comunicación, constituyen una violación manifiesta de los derechos humanos y de los principios fundamentales del Estado de derecho. Ante estos hechos, la Relatoría Especial expresa su enérgico rechazo y reitera su llamado:

Al Estado de Venezuela a:

1. Restablecer el orden democrático y el Estado de derecho, garantizando la independencia de los poderes públicos y el acceso a la información electoral, incluyendo la publicación completa de las actas de votación y un escrutinio independiente;
2. Liberar inmediatamente a todas las personas detenidas por el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, participación política, asociación y reunión pacífica, incluyendo a periodistas y trabajadores de medios de comunicación que permanecen privados de su libertad;
3. Sin perjuicio de lo anterior, proporcionar información actualizada sobre el estado de las personas detenidas y garantizar el acceso inmediato y sin restricciones de organismos internacionales y de derechos humanos a las personas detenidas y sus familiares;
4. Cesar de inmediato toda práctica que restrinja de manera indebida directa o indirectamente el ejercicio de la libertad de expresión en Venezuela.

A los Estados del hemisferio y a la comunidad internacional a:

1. Condenar enérgicamente la violencia institucional en Venezuela y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, especialmente la libertad de expresión, reconociendo su relevancia para la garantía de otros derechos fundamentales y para el restablecimiento de la democracia;
2. Exigir al gobierno venezolano la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente y garantizar el acceso sin restricciones de organismos internacionales y de derechos humanos a los detenidos y sus familiares;
3. Activar de manera urgente y coordinada canales diplomáticos bilaterales y multilaterales, así como mecanismos de diálogo y seguimiento, dirigidos a proteger el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en Venezuela;
4. Exigir la implementación de mecanismos de rendición de cuentas independientes, que garanticen investigaciones imparciales y transparentes sobre violaciones a los derechos humanos, sanción a los responsables y medidas de reparación y no repetición;
5. Mantener una observación continua y monitoreo constante hasta la toma de posesión presidencial en enero de 2025 y en los días posteriores.

No. R328/24

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