RELE concluye visita de cooperación técnica a Ecuador sobre Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico

5 de marzo de 2025

Washington, D.C. - La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó su visita de cooperación técnica a Ecuador, que tuvo lugar los días 14 y 15 de enero de 2025. La visita tuvo como objetivo fortalecer el diálogo con autoridades estatales y actores de la sociedad civil sobre la implementación del Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, así como abordar los desafíos en materia de seguridad para el ejercicio del periodismo en el país.

La visita se enmarca en el proceso de asistencia técnica que la Relatoría Especial ha ofrecido al Ecuador, con particular énfasis en el seguimiento de la situación de libertad de expresión y las condiciones para el ejercicio del periodismo. Durante la visita, la delegación mantuvo reuniones con altas autoridades del Estado, incluyendo representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, el Consejo de Comunicación, los Ministerios de Gobierno, Economía y Finanzas, y Telecomunicaciones, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General del Estado. Asimismo, sostuvo encuentros con periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y representantes de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP).

La Relatoría reconoce la voluntad común del Estado y de la sociedad ecuatoriana en su conjunto para avanzar en estas materias, particularmente la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación de noviembre de 2022, que estableció el Mecanismo de Prevención y Protección al Trabajo Periodístico, y la emisión de su Reglamento General en agosto de 2023. Este marco normativo constituye un paso importante al establecer una instancia técnica estatal permanente con capacidad para emitir decisiones vinculantes y una estructura de gobernanza multiactor.

No obstante, la Relatoría continúa observando y monitoreando la situación de violencia y los riesgos a la seguridad de los y las periodistas, especialmente por grupos del crimen organizado. Esta situación ha sido documentada en informes anuales, así como a través de audiencias públicas sobre este tema en el 188º y 191º Período de Sesiones de la CIDH, celebradas en noviembre de 2023 y 2024, respectivamente.

De acuerdo con el monitoreo realizado por esta Oficina, durante 2024 la actuación de organizaciones de crimen organizado se materializa en numerosas agresiones contra periodistas, medios y trabajadores de la comunicación, incluyendo agresiones verbales, amenazas, ataques en redes sociales, discursos estigmatizantes, atentados y ataques físicos, procesos judiciales y casos de exilio. Entre los hechos más preocupantes se encuentra el ataque armado a las instalaciones de TC Televisión ocurrido el 9 de enero de 2024 en Guayaquil.

Según datos del Consejo de Comunicación de Ecuador, desde 2021, 11 trabajadores de la comunicación fueron asesinados. Asimismo, durante 2024 recibieron 131 alertas de agresiones y registraron el exilio de al menos 15 periodistas en los dos últimos años. La Relatoría recibió información sobre autocensura en zonas con una alta presencia del crimen organizado. Según fue reportado, la violencia se acentúa contra aquellos periodistas que cubren temas sobre narcotráfico, corrupción, minería o cuestiones medioambientales, entre otros temas de interés público. Organizaciones y periodistas señalan que al menos 25 periodistas estarían siendo objeto de seguimiento. Varias mujeres periodistas manifestaron su preocupación por el incremento de la violencia digital en su contra y los ataques discriminatorios con base en el género. 

Asimismo, en el marco de la visita, la Oficina conoció reportes de amenazas dirigidas a periodistas y centros educativos que fueron amenazados con el propósito de forzar la difusión de mensajes emitidos por una organización criminal. La Relatoría también recibió denuncias sobre las continuas amenazas y la agresión física contra periodistas comunitarios indígenas que se agravaron desde abril de 2024 en el marco de una protesta en Morona Santiago (Amazonía Ecuatoriana) en contra de una empresa minera. 

Preocupa a la Relatoría el cierre de medios, que sería el resultado en algunos casos de los ataques en su contra, como también por retos de sostenibilidad y financiación. En los casos en los que se han presentado despidos, se ha observado el incumplimiento en el pago de las indemnizaciones, entre otras obligaciones de ley. Para los y las periodistas estas circunstancias continúan generando altos niveles de incertidumbre, precarización laboral, y afectando seriamente la calidad del periodismo. Respecto al manejo de la pauta estatal sólo con ciertos medios de comunicación, las autoridades, en contraste, señalaron que la asignación de pauta se basa en los parámetros objetivos de los contenidos que se buscan difundir y el mayor alcance que vienen presentando nuevos medios digitales.

En materia de acceso a la información pública, la Relatoría reconoce los esfuerzos del gobierno por dar cumplimiento a la ley orgánica de acceso a la información, a través de políticas como el Plan de acción de Gobierno Abierto y el Portal Nacional de Transparencia. No obstante, durante la visita esta Oficina conoció de reportes sobre alegadas restricciones a pedidos de acceso a la información y de pedidos de entrevista a funcionarios de gobierno, indicándose de la existencia de una lista de exclusión de periodistas. En algunas provincias resulta incluso más difícil obtener información, dados los altísimos riesgos que implica ingresar y a que no hay voceros oficiales dispuestos a conversar con la prensa. Esta Relatoría ha indicado en anteriores oportunidades cómo este tipo restricciones tienen un efecto directo en la seguridad y calidad de la labor periodística, limita el acceso y contrastación de fuentes; y genera autocensura. Según se indicó desde algunas entidades de gobierno, los reportes sobre el acceso a entrevistas obedecen principalmente a limitaciones de tiempo y no a la existencia de listas de exclusión o a la decisión deliberada de no conversar con la prensa.

La visita coincidió con la apertura de un proceso público de asignación de frecuencias de radio y televisión en todo el país. La Relatoría dialogó con las autoridades de telecomunicaciones; relevó que el concurso se adelanta en paralelo a un proceso electoral y resaltó la importancia de que existan garantías en el concurso de conformidad con estándares interamericanos. Según se indicó a la RELE, los contenidos periodísticos no serán analizados dado que el proceso del concurso se encuentra orientado por lineamientos exclusivamente técnicos.

Ante las circunstancias observadas, el Relator Especial reconoce la apertura y registra positivamente que el Estado de Ecuador haya dado curso al proceso de asistencia técnica orientado a abordar los desafíos de protección de las y los periodistas; incluyendo la efectiva puesta en marcha del Mecanismo de Protección dentro del Consejo de Comunicaciones. En este mismo sentido destaca los esfuerzos de la sociedad civil en torno a la creación de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) en septiembre de 2023.

La Relatoría también reconoce los esfuerzos realizados por organizaciones de la sociedad civil para proteger a los periodistas ante la insuficiencia de mecanismos estatales efectivos para enfrentar las amenazas de grupos del crimen organizado. En particular, destaca la creación de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) en septiembre de 2023 y la implementación de programas de apoyo para periodistas víctimas de la violencia. Sin embargo, la Relatoría recuerda que, si bien las iniciativas de la sociedad civil son valiosas, estas no sustituyen la obligación del Estado de garantizar la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación. 

Frente a lo anterior, la Relatoría Especial constata que, a más de dos años de creación de este Mecanismo persisten limitaciones importantes relacionadas con:

1. El arraigo dentro de la estructura funcional y presupuestal del Consejo de Comunicaciones. Al respecto, la Relatoría recuerda que la obligación del Estado de garantizar la protección de periodistas y trabajadores de la comunicación emana de la propia Convención Americana y no puede estar supeditada a la existencia de recursos presupuestarios para su funcionamiento.

2. Insuficiente articulación interinstitucional entre las entidades que integran el Mecanismo. Particularmente, en lo relativo a las competencias decisorias de sus representantes y la coordinación efectiva de sus mandatos institucionales, elementos esenciales para la toma de decisiones oportunas y el funcionamiento eficiente del modelo de gobernanza del Mecanismo.

3. Limitado conocimiento de la existencia del mecanismo, tanto entre los propios funcionarios como entre la población beneficiaria. La mayoría de las personas periodistas con quienes la RELE tuvo oportunidad de reunirse y están en riesgo no han activado el Mecanismo, ya sea por desconocimiento o por falta de confianza en su efectividad.

4. Falta de claridad y apropiación de las vías de atención y de las medidas de protección directa disponibles para responder a las situaciones de riesgo. Si bien el Mecanismo ha atendido algunos casos específicos de periodistas en riesgo, no se conocen los instrumentos técnicos y criterios de análisis que peritan valorar los riesgos distintivos de las y los periodistas en relación con el ejercicio de su labor. 

5. Falta de adecuación de las medidas de protección directa. En el marco de la visita, la Relatoría tuvo conocimiento del ofrecimiento de ingreso al programa de protección de victimas y testigos de la Fiscalía para algunos periodistas en riesgo. Al respecto, se informó que varias personas rechazaron el programa debido a sus limitaciones para la protección de manera efectiva y para garantizar que pudieran continuar desempeñando su labor. La RELE observa que, si bien dicho programa puede ser idóneo en determinados casos de riesgo extremo, no contempla una gama más amplia de medidas de protección, las cuales no deben restringirse exclusivamente al concurso de los cuerpos de seguridad estatal.

6. Insuficiencia presupuestal. La Relatoría tuvo conocimiento que las solicitudes presupuestales presentadas en 2023 y 2024 para el funcionamiento del mecanismo fueron negadas. De acuerdo con el Estado ecuatoriano, esto obedece a las restricciones fiscales con las que inició el actual gobierno, y a que en los últimos dos años se ha manejado un presupuesto prorrogado del anterior, dificultando la incorporación de nuevas partidas presupuestales. No obstante, la Relatoría toma nota del compromiso expresado por el Ministerio de Economía y Finanzas para realizar una revisión presupuestaria que permita fortalecer la capacidad operativa del Mecanismo.

En virtud de los estándares emanados del sistema interamericano de derechos humanos, los Estados tienen la obligación positiva de adoptar medidas especiales de prevención y protección de periodistas sometidos a un riesgo especial por el ejercicio de su profesión; y de investigar, juzgar y sancionar penalmente a los responsables de los delitos contra la prensa. A la luz de dichos estándares y de los desafíos identificados durante esta visita, la Relatoría junto con las respectivas entidades públicas ha priorizado los siguientes objetivos, a manera de hoja deruta en el marco del actual proceso de asistencia técnica: 

1. Fortalecer la capacidad operativa del mecanismo de protección

La Relatoría considera fundamental que el Consejo de Comunicación priorice la implementación efectiva del mecanismo de protección para personas periodistas. Es importante que las entidades delegadas que integran el Mecanismo refuercen el compromiso para su efectivo funcionamiento, en el marco de sus competencias y atribuciones, y en consonancia con las obligaciones positivas del Estado ecuatoriano de prevención y protección de la libertad de prensa.

En el contexto de los recursos humanos y financieros disponibles, resulta prioritaria la adopción e implementación efectiva de medidas de protección directa, incluyendo la activación del fondo de emergencia para periodistas en situación de riesgo. La Relatoría expresa su compromiso de facilitar el intercambio regional con otros mecanismos de protección de la región para la identificación de mejores prácticas y la incorporación de estándares interamericanos en materia de protección. Por ejemplo, en cuanto a modelos de gobernanza y arquitectura institucional, instrumentos metodológicos para el análisis de riesgo con enfoque diferencial, y la implementación de medidas de protección adecuadas a las particularidades de la labor periodística.

2. Promover los deberes de funcionarios públicos respecto del derecho a la libertad de expresión y prensa desde un enfoque de prevención

La Relatoría recibe con gratificación el compromiso por parte de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM) y el Ministerio de Gobierno para avanzar en la elaboración de un instrumento que compile y establezca directrices específicas sobre el deber de los funcionarios públicos de abstenerse de realizar declaraciones que puedan constituir formas de injerencia directa o indirecta o presión lesiva sobre el ejercicio de la libertad de expresión, conforme a los estándares interamericanos en la materia. 

La Relatoría reitera su disposición para acompañar al Estado ecuatoriano en la elaboración de dicho instrumento, orientando al fortalecimiento de las garantías para la libertad de prensa y la prevención de riegos contra la prensa derivados de la estigmatización de la labor periodística.

3.  Fortalecer las capacidades de la fiscalía en las investigaciones penales por crímenes contra periodistas 

La Relatoría toma nota de los desafíos que enfrenta la Fiscalía General del Estado en la investigación de los delitos cometidos contra periodistas. Entre estos, se destacan las limitaciones en recursos humanos y las situaciones de riesgo que enfrentan las personas fiscales en el ejercicio de sus funciones, al punto que algunas han solicitado su incorporación al programa de protección a víctimas y testigos de la propia institución. La RELE observa además la ausencia de un enfoque diferenciado de las investigaciones sobre delitos contra periodistas y las particularidades de la violencia contra este grupo de personas, además de la necesidad de recolección y análisis de datos que permitan identificar los patrones de ataques y agresiones.

En atención a lo anterior, la Fiscalía manifestó su disposición de conocer y aplicar una de las herramientas elaboradas por la Relatoría, orientada a lineamientos de actividades intermedias en las investigaciones de delitos cometidos contra periodistas. Dicho instrumento tiene como objetivo guiar a los operadores de justicia que adelantan estas investigaciones, a través de directrices específicas bajo el estándar de debida diligencia.

La RELE agradece al Estado de Ecuador por facilitar la realización de esta visita y su disposición al diálogo constructivo. Asimismo, agradece a las organizaciones de la sociedad civil, periodistas y medios de comunicación por la valiosa información proporcionada. La Relatoría continuará monitoreando la situación y brindando asistencia técnica para el fortalecimiento de la protección de periodistas en Ecuador.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

No. R048/25

3:56 PM