Comunicado de Prensa
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
Washington, D.C. — La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la reciente aprobación de un decreto en Haití que podría imponer restricciones indebidas a la libertad de expresión y criminalizar la crítica hacia autoridades. Esta norma amenaza con inhibir el debate público y la rendición de cuentas en un contexto especialmente delicado para el país, marcado por la expiración del mandato del gobierno de transición en febrero de 2026, las dificultades para celebrar elecciones en un escenario de inseguridad persistente y la sustitución de la Misión de Apoyo Multinacional a la Seguridad por la Fuerza de Represión de Pandillas. La RELE urge a las autoridades haitianas a derogar el decreto, abstenerse de aprobar normas que restrinjan indebidamente la libertad de expresión, y garantizar este derecho como pilar esencial para la transición democrática y el restablecimiento de la seguridad.
El pasado 18 de diciembre de 2025, el Consejo Presidencial de Transición (CPT) aprobó un decreto que regula el ejercicio de la libertad de expresión, orientado a la “prevención y represión” de los delitos de difamación y de prensa. Conforme a la norma, se consideran “delitos de prensa” la difamación; los insultos; la difusión de noticias falsas que puedan alterar el “orden público” o “incitar a la violencia o al odio”; el ciberacoso, entendido como cualquier acto repetido por vía electrónica destinado a “alterar la tranquilidad” o “atentar contra la dignidad” de otras personas; y el “discurso de odio” (artículo 7).
Además, estas conductas podrán ser sancionadas con prisión de hasta tres años y multa de hasta 100.000 gourdes, sin perjuicio de indemnización civil. Para injuria o difamación contra funcionarios públicos, miembros de la Fuerza Pública, los emblemas o símbolos de la República y héroes de la independencia, se prevén sanciones adicionales, incluyendo prisión, multas, trabajos forzados y disculpas públicas (artículo 11). De acuerdo con el texto de la norma, la responsabilidad alcanza a los "autores directos, los directores o responsables de la publicación, los propietarios o administradores de medios o plataformas en línea que no hayan retirado rápidamente el contenido presuntamente “ilícito” (artículo. 9).
Igualmente, el decreto asigna al Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la regulación de medios debidamente “reconocidos y autorizados”. Los medios y plataformas digitales deben conservar y entregar, a solicitud de la autoridad judicial o de la víctima, los datos para identificar a los autores de “contenidos ilícitos”, y retirar inmediatamente cualquier contenido “manifiestamente ilícito”; de no hacerlo, se consideran “cómplices” y estarán sujetos a las mismas penas que los autores de los delitos (artículos. 17 y 18).
La RELE expresa grave preocupación frente a dichas disposiciones, particularmente por el uso de un lenguaje vago y ambiguo del decreto, que podría interpretarse de forma amplia, restringiendo indebidamente el derecho a la libertad de expresión y contraviniendo los estándares del sistema interamericano, según los cuales toda limitación a las libertades fundamentales debe estar prevista en la ley de manera expresa, precisa y taxativa. Asimismo, alerta que las sanciones previamente mencionadas, junto con la obligación de retirar contenidos “presuntamente ilícitos” y la amenaza de responsabilizar a medios de comunicación y plataformas como “cómplices”, tienen el potencial de producir un efecto inhibidor y de autocensura, así como de restringir la crítica legítima y el debate democrático, esenciales para el control público y la rendición de cuentas.
Como advirtió esta Oficina en su reciente Informe Especial sobre la “Situación de la libertad de prensa en Haití”, la crisis multidimensional que atraviesa el país requiere garantías reforzadas para la libre circulación de la información y el periodismo independiente, esenciales para la rendición de cuentas de los actores de la transición, incluyendo el CPT, la Oficina del Primer Ministro y su Gabinete, así como la Fuerza de Represión de Pandillas, aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU; la denuncia de violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad; y la protección de la integridad del eventual proceso electoral y del debate público en torno al mismo. Estas conclusiones y recomendaciones fueron reiteradas por el Relator Especial durante la audiencia pública sobre “Haití: Tráfico de armas y su impacto en derechos humanos”, celebrada en noviembre de 2025 en el 194º Período Ordinario de la CIDH, a la cual el Estado no envió representantes.
La aprobación de normas sobre difamación penal no solo impone restricciones indebidas a la libertad de expresión, sino que agrava un contexto ya adverso y violento para el ejercicio de la labor periodística, con ataques letales de grupos armados, secuestros, desplazamiento forzoso y exilio, y uso excesivo de la fuerza pública. Por consiguiente, la RELE insta a las autoridades haitianas a derogar el presente decreto, abstenerse de adoptar normas que restrinjan indebidamente la libertad de expresión, y reafirmar su compromiso de proteger a los periodistas y el papel de la prensa en el restablecimiento de la democracia y la seguridad en el país.
Esta Oficina también reitera su disposición a brindar asistencia técnica y mantener un diálogo para fortalecer los marcos legales e institucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la población a buscar, recibir y difundir información e ideas sin temor.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.
No. R019/26
11:55 AM