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CIDH
Comunicado de Prensa
CIDH culmina 153 Período de Sesiones
7 de noviembre de 2014
Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebró su 153o Período ordinario de Sesiones del 23 de octubre al 7 de noviembre de 2014. Durante las sesiones, la CIDH avanzó en el análisis de peticiones, casos y medidas cautelares; estudió diversos planes a fin de resolver el atraso procesal; celebró 53 audiencias públicas y 31 reuniones de trabajo sobre casos y medidas cautelares; y sostuvo reuniones con representantes de Estados, peticionarios, y organizaciones de la sociedad civil de la región, entre otras actividades.
Asimismo, en el marco de una continua profundización de los lazos de cooperación con el sistema universal de derechos humanos, la CIDH recibió en el marco de estas sesiones al Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Michel Forst; a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias, Rashida Manjoo; el Relator Especial sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai; y el Relator Especial sobre racismo, Mutuma Ruteere. Asimismo, se recibió a una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), encabezada por el representante regional Shelly Pitterman.
Por otra parte, la Comisión avanzó en el desarrollo de su plan de trabajo para el establecimiento de una Relatoría Especial sobre DESC para fines de 2015, a fin de profundizar su trabajo en esta materia. El principal obstáculo para lograr este objetivo es la insuficiencia de recursos financieros con que se cuenta. En este sentido, la Comisión reitera su llamado a los Estados Miembros de la OEA a colaborar con aportes específicos al fondo especial creado en abril de 2014, recursos que se utilizarán exclusivamente para la Relatoría Especial sobre DESC.
En estas sesiones, la Comisión recibió con preocupación información sobre la situación de exclusión estructural en la que viven millones de personas en la región, lo cual genera diversas y graves violaciones a los derechos humanos. Persiste el trabajo esclavo en varios países, y habría en la región 5,7 millones de niños y niñas que trabajan. La discriminación racial continúa siendo un problema extendido, en muchos casos estructural, y en estas sesiones se recibió información sobre su incidencia en sistemas de justicia penal. Millones de personas enfrentan obstáculos significativos en el acceso a la educación y la salud, entre otros derechos económicos, sociales y culturales, con un efecto desproporcionado en sectores de la población en especial situación de vulnerabilidad, tales como niños, niñas y adolescentes, personas afrodescendientes, pueblos indígenas, poblaciones rurales, migrantes en situación irregular, personas en situación de apatridia y personas desplazadas internamente. Las mujeres son otro grupo especialmente afectado por estos problemas, a lo que se suma la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Por su parte, las personas trans enfrentan también graves obstáculos para acceder a empleos y a servicios básicos de salud y educación.
La Comisión también recibió información preocupante sobre la tensión que en muchos casos existe entre la implementación de proyectos de desarrollo y el goce efectivo de los derechos humanos de extensos sectores de la población americana, incluyendo casos de violaciones al derecho a la vida, desplazamiento forzado, cercenamiento de fuentes de agua y nutrición, violencia contra líderes y lideresas que se oponen a tales proyectos, entre otros. En audiencias referidas a varios países, se recibió información sobre el impacto negativo que muchos proyectos de desarrollo tienen sobre los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios, así como sobre los derechos de comunidades afrodescendientes y poblaciones rurales y campesinas. Se informó también sobre la implementación de proyectos en zonas donde habitan pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, y sobre otros que son implementados en zonas habitadas por pueblos indígenas en contacto pero sin respetar su derecho a la consulta previa, libre e informada. La Comisión Interamericana urge a los Estados a adoptar medidas a fin de evitar las múltiples violaciones a los derechos humanos que puede generar la implementación de proyectos de desarrollo, tanto a los países en cuyos territorios se sitúa el proyecto como a los países de origen de las compañías, como Canadá.
Por otra parte, la Comisión expresa su profunda preocupación ante la criminalización de la que son objeto defensores y defensoras de derechos humanos en diversos países de la región. En estas sesiones, la Comisión continuó recibiendo información alarmante de una tendencia constatada antes por la CIDH en el Segundo Informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas, que indica que éstos son sistemáticamente sujetos a procesos penales sin fundamento con el objetivo de obstaculizar sus labores y restar legitimidad a sus causas. Esto, a su vez, los hace más vulnerables a las agresiones y ataques en su contra. La instauración de estos procesos se realiza con base en tipos penales que tienen una formulación vaga o ambigua, tales como “inducción a la rebelión”, “terrorismo”, “sabotaje”, “apología del delito” y “ataque o resistencia a la autoridad pública”, que son utilizados en forma arbitraria por las autoridades. En muchas ocasiones, los procesos penales están precedidos de declaraciones estigmatizantes por parte de funcionarios públicos, tienen una duración indefinida y son acompañados por medidas como prisión preventiva y prohibición de salir del país. Dicho problema se agudiza especialmente en relación con defensores y defensoras que participan en manifestaciones de protesta social; defensores y defensoras de los derechos de las personas LGBTI; defensoras de los derechos sexuales y reproductivos; así como líderes y lideresas campesinos e indígenas que manifiestan oposición a la implementación de megaproyectos. La Comisión insta a los Estados de la región a dar una atención prioritaria e integral al problema de la criminalización de defensores y defensoras.
En una audiencia sobre la situación de derechos humanos de la niñez y familias migrantes y refugiadas en Estados Unidos, la CIDH recibió con preocupación información sobre la práctica generalizada de detener a niños y niñas con sus madres, así como sobre la falta de personal calificado y debidamente entrenado para la atención a estas familias, las afectaciones al derecho a solicitar y recibirasilo de niños y sus familias, y los procedimientos de deportación expedita, un gran número de los cuales se llevan a cabo sin que las personas cuenten con representación legal. La información es coincidente con lo observado por la Comisión en su visita a la frontera sur de Estados Unidos entre septiembre y octubre de este año. La Comisión Interamericana reitera que de acuerdo a los estándares internacionales y al principio del interés superior del niño, los Estados no pueden recurrir a la detención migratoria de niñas o niños que se encuentran junto a sus padres, así como de aquellos que se encuentran no acompañados o separados de sus familias. En este sentido, la CIDH lamenta que Estados Unidos haya decidido ampliar sus instalaciones de detención para familias. La Comisión Interamericana urge a Estados Unidos a poner fin en forma inmediata a sus políticas de detención generalizada y a adoptar medidas para identificar a las personas que puedan calificar como refugiadas, o que debido a su condición de vulnerabilidad, puedan necesitar protección especial, como en el caso de las familias y niños y niñas que huyen de situaciones de violencia en sus países de origen. Asimismo, la CIDH urge a Estados Unidos a garantizar el acceso a representación legal para las personas migrantes y refugiadas, especialmente cuando se trata de niños y niñas.
En el marco de una audiencia sobre México, a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil, se realizó un minuto de silencio en homenaje a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. El 3 de octubre de 2014, la CIDH solicitó la adopción de medidas cautelares a favor de estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos”, tras recibir información sobre la desaparición de 43 estudiantes en el marco de hechos de violencia ocurridos el 26 de septiembre. A través de esta medida cautelar, la Comisión solicitó al Estado de México que adoptara las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero de estudiantes desaparecidos y que investigara los hechos, entre otros aspectos. En el marco de estas sesiones, la CIDH celebró una reunión de trabajo con las partes de la MC 409/14. La CIDH reconoce que la delegación del Estado de México, integrada por altas autoridades de la Procuraduría General de la República y los Ministerios de Gobernación y Relaciones Exteriores, entre otras dependencias del Gobierno, mostró una firme voluntad de investigar los hechos y dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos, así como identificar a los autores materiales e intelectuales y someterlos a la justicia. En este sentido, la Comisión Interamericana considera que la detención el 4 de noviembre del alcalde de Iguala y su esposa, que estaban prófugos de la justicia, constituye un avance. No obstante, la CIDH expresa su profunda preocupación por la falta de progreso en la determinación del paradero de los estudiantes desaparecidos. En este sentido, la Comisión Interamericana urge al Estado a multiplicar sus esfuerzos y a dedicar todos los recursos humanos y materiales que resulten necesarios en esta búsqueda, así como a adoptar medidas destinadas a resolver los problemas estructurales subyacentes a las desapariciones forzadas, las cuales no se limitan al caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Respecto de Guatemala, la Comisión expresa su profunda preocupación por la negación del genocidio por parte de las autoridades y la posición adoptada por la delegación del Estado en las audiencias en relación a defender la aplicación de amnistías para graves violaciones de los derechos humanos, lo cual es incompatible con las obligaciones internacionales del Estado. Asimismo, la CIDH rechaza las expresiones de la delegación del Estado en la audiencia sobre acceso a la justicia y el legado del conflicto armado interno, que constituyeron una actitud de desacato a la Corte Interamericana. En dicha audiencia, el representante del Estado señaló que: “la pretensión de la Corte Interamericana sobre que debe de haber procesos y sanciones penales dependerá de lo que las cortes de jurisdicción penal de Guatemala resuelvan”, y que “el Estado no reconoce” otras sentencias “por considerar que la Corte Interamericana actuó sin competencia”. En este sentido, la Comisión urge al Estado de Guatemala a acatar las sentencias de la CorteIDH y todas las decisiones del sistema interamericano, y adoptar las medidas que sean necesarias para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables materiales e intelectuales del genocidio, así como de otras graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado.
La Comisión publicará en los próximos días un Informe sobre el 153 Período de Sesiones.
La CIDH está integrada por Tracy Robinson, Presidenta; Rose-Marie Belle Antoine, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Segundo Vicepresidente; José de Jesús Orozco Henríquez; Rosa María Ortiz; Paulo Vannuchi y James Cavallaro. El Secretario Ejecutivo es Emilio Álvarez Icaza Longoria.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 131/14