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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
expresa su preocupación ante casos de letalidad policial en contextos
urbanos en Brasil así como por el uso excesivo de la fuerza por agentes de
seguridad pública. La Comisión llama el Estado a adoptar medidas efectivas
para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial
dichos actos de violencia y, en particular, garantizar la participación e
independencia de los órganos de control.
Por medio de su monitoreo, la CIDH recibió denuncias respecto de
asesinatos relacionados o promovidos con o por participación de agentes
policiales y militares, con particular impacto sobre comunidades pobres,
periféricas y con alta concentración de personas afrodescendientes.
Según datos del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Rio de
Janeiro, por ejemplo, solo en el primer bimestre del 2019, 305 muertes en
consecuencia de intervenciones por agentes del Estado ocurrieron en el
estado. Según datos del mismo órgano, hubo un incremento de
aproximadamente 18% en estos crímenes comparado al mismo periodo del año
anterior. Con respecto a estas alarmantes cifras, la CIDH destaca la
necesidad de adopción de un abordaje integral de seguridad ciudadana que
abarque el diseño, implementación y evaluación permanente de políticas
públicas, integrales, sustentables, estrategias de reducción de la letalidad
policial y el enfoque en la vigencia de los derechos humanos de todas las
personas.
La Comisión tuvo noticias respecto una masacre, el último 1º de febrero,
en las favelas de Coroa, Fallet-Fogueteiro y dos Prazeres, en la región
central de la ciudad de Rio de Janeiro. Según informaciones recibidas por
la CIDH, tras una operación policial con participación de los Batallones de
Choque y de Operaciones Especiales, quince jóvenes habitantes de la región
habrían sido asesinados, lo que representaría la operación policial con el
más grande número de muertes en los últimos doce años en Rio de Janeiro.
Asimismo, la CIDH fue informada sobre el asesinato de al menos nueve
personas el 20 de enero de 2019, en Marambaia, en la ciudad de Itaboraí,
región metropolitana del estado de Rio de Janeiro. La masacre también habría
ocurrido tras el asesinato del policía militar, Rodrigo Marques Paiva.
En el mismo sentido, la Comisión toma nota de las decisiones tanto del
Ministerio Público del Estado de Rio de Janeiro como del Ministerio Público
Militar de archivar la acusación en contra agentes de las Fuerzas Especiales
del Ejército que habrían participado del asesinato de ocho personas en una
operación en el Complexo do Salgueiro en la ciudad de São Gonçalo, estado de
Rio de Janeiro, en noviembre de 2017 y urge al Estado a que avance con sus
obligaciones de identificar a los responsables por los hechos y asegure que
los mismos no queden en la impunidad.
La Comisión observa con preocupación el patrón de uso excesivo de la
fuerza por agentes policiales, altas tasas de letalidad e involucramiento de
agentes de seguridad pública con bandas del crimen organizado y milicias. La
CIDH reitera su preocupación ante una
creciente
militarización de las políticas de seguridad ciudadana, sobre la cual hizo un llamado al cierre de la visita in loco a Brasil en noviembre de
2018.
En el mismo sentido, la CIDH destaca la importancia de seguir
fortaleciendo la independencia y autonomía de los operadores del sistema de
justicia y órganos de control involucrados en las investigaciones de
actividades policiales civiles y militares. Asimismo, preocupa a la CIDH la
atribución de la investigación y juzgamiento de dichos crímenes a
autoridades ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de
seguridad, en particular tras la promulgación de la ley 13.491/2017 que
modificó el Código Penal Militar para que los homicidios dolosos de civiles
cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales
militares.
La CIDH insta el Estado a adoptar medidas de protección eficaces frente a
intervenciones de agentes estatales que resulten directa o indirectamente en
amenazas al derecho a la vida. En particular, la CIDH hace un llamado al
Estado para que diseñe y ponga en funcionamiento planes y programas de
prevención social, comunitaria y situacional, dirigidos a enfrentar los
factores que favorecen la reproducción de las conductas violentas en la
sociedad.
Finalmente, la CIDH hace un llamado al Estado para que adopte medidas efectivas para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial dichos actos de violencia. En particular el Estado debe garantizar la participación e independencia de los órganos de control involucrados en la representación de víctimas, investigación de los hechos y presentación de denuncias, considerándose incluso la posibilidad de federalización de las investigaciones de dichos casos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 103/19