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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
	expresa su preocupación ante casos de letalidad policial en contextos 
	urbanos en Brasil así como por el uso excesivo de la fuerza por agentes de 
	seguridad pública. La Comisión llama el Estado a adoptar medidas efectivas 
	para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial 
	dichos actos de violencia y, en particular, garantizar la participación e 
	independencia de los órganos de control. 
	
Por medio de su monitoreo, la CIDH recibió denuncias respecto de 
	asesinatos relacionados o promovidos con o por participación de agentes 
	policiales y militares, con particular impacto sobre comunidades pobres, 
	periféricas y con alta concentración de personas afrodescendientes. 
	
Según datos del Instituto de Seguridad Pública del Estado de Rio de 
	Janeiro, por ejemplo, solo en el primer bimestre del 2019, 305 muertes en 
	consecuencia de intervenciones por agentes del Estado ocurrieron en el 
	estado. Según datos del mismo órgano, hubo un incremento de 
	aproximadamente 18% en estos crímenes comparado al mismo periodo del año 
	anterior. Con respecto a estas alarmantes cifras, la CIDH destaca la 
	necesidad de adopción de un abordaje integral de seguridad ciudadana que 
	abarque el diseño, implementación y evaluación permanente de políticas 
	públicas, integrales, sustentables, estrategias de reducción de la letalidad 
	policial y el enfoque en la vigencia de los derechos humanos de todas las 
	personas.
	
La Comisión tuvo noticias respecto una masacre, el último 1º de febrero, 
	en las favelas de Coroa, Fallet-Fogueteiro y dos Prazeres, en la región 
	central de la ciudad de Rio de Janeiro. Según informaciones recibidas por 
	la CIDH, tras una operación policial con participación de los Batallones de 
	Choque y de Operaciones Especiales, quince jóvenes habitantes de la región 
	habrían sido asesinados, lo que representaría la operación policial con el 
	más grande número de muertes en los últimos doce años en Rio de Janeiro.
	
Asimismo, la CIDH fue informada sobre el asesinato de al menos nueve 
	personas el 20 de enero de 2019, en Marambaia, en la ciudad de Itaboraí, 
	región metropolitana del estado de Rio de Janeiro. La masacre también habría 
	ocurrido tras el asesinato del policía militar, Rodrigo Marques Paiva.
	
En el mismo sentido, la Comisión toma nota de las decisiones tanto del 
	Ministerio Público del Estado de Rio de Janeiro como del Ministerio Público 
	Militar de archivar la acusación en contra agentes de las Fuerzas Especiales 
	del Ejército que habrían participado del asesinato de ocho personas en una 
	operación en el Complexo do Salgueiro en la ciudad de São Gonçalo, estado de 
	Rio de Janeiro, en noviembre de 2017 y urge al Estado a que avance con sus 
	obligaciones de identificar a los responsables por los hechos y asegure que 
	los mismos no queden en la impunidad. 
	
La Comisión observa con preocupación el patrón de uso excesivo de la 
	fuerza por agentes policiales, altas tasas de letalidad e involucramiento de 
	agentes de seguridad pública con bandas del crimen organizado y milicias. La 
	CIDH reitera su preocupación ante una
	creciente 
	militarización de las políticas de seguridad ciudadana, sobre la cual hizo un llamado al cierre de la visita in loco a Brasil en noviembre de 
	2018. 
	
En el mismo sentido, la CIDH destaca la importancia de seguir 
	fortaleciendo la independencia y autonomía de los operadores del sistema de 
	justicia y órganos de control involucrados en las investigaciones de 
	actividades policiales civiles y militares. Asimismo, preocupa a la CIDH la
	
	atribución de la investigación y juzgamiento de dichos crímenes a 
	autoridades ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de 
	seguridad, en particular tras la promulgación de la ley 13.491/2017 que 
	modificó el Código Penal Militar para que los homicidios dolosos de civiles 
	cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas sean juzgados por tribunales 
	militares.
	
La CIDH insta el Estado a adoptar medidas de protección eficaces frente a 
	intervenciones de agentes estatales que resulten directa o indirectamente en 
	amenazas al derecho a la vida. En particular, la CIDH hace un llamado al 
	Estado para que diseñe y ponga en funcionamiento planes y programas de 
	prevención social, comunitaria y situacional, dirigidos a enfrentar los 
	factores que favorecen la reproducción de las conductas violentas en la 
	sociedad. 
	
Finalmente, la CIDH hace un llamado al Estado para que adopte medidas efectivas para investigar y sancionar con debida diligencia y de manera imparcial dichos actos de violencia. En particular el Estado debe garantizar la participación e independencia de los órganos de control involucrados en la representación de víctimas, investigación de los hechos y presentación de denuncias, considerándose incluso la posibilidad de federalización de las investigaciones de dichos casos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 103/19