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Secretaría de Asuntos Políticos
Fortaleciendo la Democracia en el Hemisferio
Departamento para la Cooperación y Observación Electoral
Colombia
- Elecciones Presidenciales del 25 de mayo de 2014
Reformas Electorales
En 2011, se aprobó la Ley 1.745 por la cual se adoptan las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos y de los procesos electorales, entre otras disposiciones.
La nueva ley estableció una cuota mínima del 30% de uno de los géneros en aquellas
listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las
que se sometan a consulta.
Los estatutos de los partidos políticos deben contener garantías para la equidad de
género en la definición de candidaturas y el incentivo de 5% para financiación de
partidos según número de mujeres electas en corporaciones públicas, además de otro
5% en proporción al número de jóvenes electos.
La ley 1.475 también introdujo modificaciones en relación al accionar de los testigos electorales el día de la elección y a las sanciones a los partidos y movimientos políticos en caso de que incluyeran candidatos/as que tengan nexos con actores ilegales, que hayan sido condenados por narcotráfico, delitos electorales y/o crímenes de lesa humanidad, o que se encuentren enfrentando procesos por estos delitos.
La nueva ley estableció una cuota mínima del 30% de uno de los géneros en aquellaslistas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las
que se sometan a consulta.
Los estatutos de los partidos políticos deben contener garantías para la equidad de género en la definición de candidaturas y el incentivo de 5% para financiación de
partidos según número de mujeres electas en corporaciones públicas, además de otro
5% en proporción al número de jóvenes electos.
La ley 1.475 también introdujo modificaciones en relación al accionar de los testigos electorales el día de la elección y a las sanciones a los partidos y movimientos políticos en caso de que incluyeran candidatos/as que tengan nexos con actores ilegales, que hayan sido condenados por narcotráfico, delitos electorales y/o crímenes de lesa humanidad, o que se encuentren enfrentando procesos por estos delitos.
