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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta su informe de progreso del segundo año del Plan Estratégico y un balance de los principales resultados de su trabajo durante el 2018, dirigido a ampliar la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad internacional de derechos humanos.
El año 2018 fue un año de intensa actividad y logros inéditos en su historia, de reposicionamiento de la CIDH en la región en un año con muchos desafíos en materia de derechos humanos, entre los que se destacan los avances alcanzados en la superación del atraso procesal; el desarrollo de nuevos estándares en el sistema de casos; el aumento de la cobertura de monitoreo y de los alcances de la cooperación técnica y de la promoción de derechos humanos, así como el refuerzo de sus mecanismos de seguimiento del cumplimiento de recomendaciones de la CIDH.
En ejecución de su primer programa, y como resultado de uno de sus desafíos estratégicos de reducir efectivamente el atraso procesal y responder de manera oportuna y efectiva a los usuarios del sistema interamericano, durante 2018 la CIDH aprobó 176 informes de admisibilidad y fondo demostrando un incremento de 189% en relación al año pasado, alcanzando la mayor producción histórica de la CIDH; se realizó un impulso importante en el uso y seguimiento de asuntos en soluciones amistosas; se resolvió en tiempo oportuno un número récord de solicitudes de medidas cautelares, y se avanzó en agilizar el estudio inicial de peticiones, así como en el trámite de los casos y las peticiones. En este sentido, se incrementaron las decisiones de apertura a trámite en estudio inicial respecto de 2017 en un 18,2%. Durante 2018, se recibieron 1618 solicitudes de Medidas Cautelares, un 56% de incremento respecto de 2017, que fueron evaluadas en su totalidad. De ellas, fueron otorgadas 120, constituyendo el mayor número histórico por año de la CIDH y se agilizó el trámite de estudio de las solicitudes. Se realizó también la difusión del Mecanismo de Soluciones Amistosas a partir del lanzamiento de la edición actualizada del Informe de Impacto de las Soluciones Amistosas y capacitación a funcionarios y usuarios. Durante 2018, se suscribieron 9 nuevos acuerdos de solución amistosa y se corroboró el avance en la implementación de 106 medidas de reparación. La CIDH se ocupó también de situaciones emergentes y delicadas por medio de dos resoluciones en materia de corrupción y derechos humanos y la situación de los migrantes venezolanos en la región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió y profundizó a lo largo de 2018 la participación de la sociedad civil en todas las actividades desarrolladas, incluyendo audiencias públicas, consultas, talleres de capacitación, reuniones bilaterales y multilaterales, entre otras. La participación de la sociedad civil de la región es esencial para que la CIDH pueda dar cabal cumplimiento a su mandato de promoción y protección de los derechos humanos. La CIDH valora y agradece a las organizaciones de la sociedad civil por su activa colaboración. Un total de 535 organizaciones de la sociedad civil participaron en las 106 audiencias públicas llevadas a cabo en los cuatro Períodos de Sesiones de 2018, tanto regionales como sobre situaciones de derechos humanos en 22 países del continente americano. En todos los períodos de sesiones se realizó una reunión abierta con la sociedad civil interamericana y del país anfitrión. Asimismo, hubo reunión de la directiva de la CIDH con la coalición de ONGs que trabajan en el SIDH en el 167, 168 y 170 Períodos de Sesiones. En cada período, también se llevan a cabo reuniones de trabajo entre Estado y Sociedad Civil para avanzar en el sistema de casos, tratando de las medidas cautelares, soluciones amistosas, casos y seguimiento de recomendaciones. En 2018 fueron aproximadamente 100 reuniones de esa naturaleza durante los períodos de sesiones. En relación con el sistema de peticiones y casos, y en el marco del plan de reducción del atraso procesal, la CIDH realizó un amplio proceso de consulta virtual abierta en el cual la participación de la sociedad civil enriqueció la segunda etapa de medidas para la superación del atraso procesal. El proceso también contó con importantes contribuciones de los Estado.
Este año la CIDH incrementó su presencia pública y relevancia en la región, con dos históricas visitas in loco, la celebración de 3 períodos de sesiones fuera de su sede y 25 visitas de trabajo a 12 países de la región, lo cual significa que cada 15 días una Comisionada o Comisionado estuvo en algún país de la región. También fortaleció su contribución a una justicia interamericana más efectiva y accesible mediante un refuerzo en la respuesta oportuna e integrada ante situaciones específicas en 4 países a partir de la instalación de Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) respecto de Brasil y Honduras, países que fueron visitados, Venezuela y Nicaragua, así como con la instalación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) con la presencia permanente en terreno de la Comisión por primera vez en la historia de la CIDH y la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para responder de manera oportuna y eficaz a la crisis de derechos humanos en el país; la instalación del Equipo de Seguimiento Especial (ESE) para el caso de los periodistas asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia para brindar asesoría técnica a los Estados en la investigación de esos hechos; la instalación de la Mesa de Trabajo para Seguimiento de Recomendaciones sobre República Dominicana con dos reuniones, y los trabajos del Mecanismo de Seguimiento de Ayotzinapa que implicaron la presencia mensual de la CIDH en México durante el año.
El monitoreo de la situación de derechos humanos en la región fue reforzado, a través de la producción y enriquecimiento de estándares a partir de la elaboración y aprobación de 13 informes temáticos y de país, la publicación de 3 informes sobre la situación general de los derechos humanos en Guatemala, Venezuela y Nicaragua, con la emisión de 276 comunicados de prensa y un alto número de solicitudes de información a los Estados acerca de situaciones de derechos humanos y las respuestas a estas solicitudes de información.
La Comisión impulsó la promoción y fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a través de iniciativas coordinadas con la Corte IDH, y con otros organismos y mecanismos internacionales, regionales y subregionales de derechos humanos. Durante 2018 se realizó la estructuración de programas de colaboración con Naciones Unidas, en particular la articulación de actividades para la protección de defensores y defensoras de derechos humanos y se firmó un acuerdo para trabajar en la elaboración de un plan de acciones conjuntas con la Comisión Africana. Por otro lado se continuó con el fortalecimiento de la cooperación institucional con Corte IDH con quien se organizó en conjunto la segunda edición del Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Asimismo, se realizó un fortalecimiento de las capacidades de 5695 personas de la sociedad civil y funcionarios públicos en los mecanismos y estándares del SIDH a través de talleres y actividades promocionales realizadas en 26 países de la región. La CIDH fortaleció adicionalmente su presencia ante los órganos políticos de la OEA, alcanzando 23 presentaciones en el año en distintos foros.
La CIDH realizó avances en su programa de transparencia y acceso a la información: elaboró y presentó ante el Consejo Permanente de la OEA el balance de implementación del primer año del Plan Estratégico 2017-2021 y del primer semestre de 2018. Asimismo, a partir de la emisión de la Resolución 3/18, la Comisión transparentó criterios y algunos de los asuntos o pretensiones que de manera histórica y consistente ha venido considerando que no son susceptibles de ser analizados a través del mecanismo de medidas cautelares. Por otra parte la Comisión comunicó de manera pública, a través de 3 comunicados de prensa, las medidas adoptadas para superar el retraso procesal y para fortalecer el mecanismo de medidas cautelares, dentro de las cuales se hacen públicos, por primer vez, los flujos de procesos internos de trabajo de la CIDH.
En 2018, la CIDH logró también la sostenibilidad de los resultados obtenidos en 2017 en su gestión institucional. En este sentido, la recibió el primer tercio del incremento presupuestal de fondo regular aprobado por los Estados de la OEA, con lo cual se avanzó en la regularización del personal de la Secretaría y la implementación de la nueva estructura administrativa y consiguió incrementar la base de donantes de 24 a 28 Estados y organizaciones, diversificando e incrementando los fondos específicos recibidos en un 5%. Asimismo, se logró incrementar el número y la representatividad geográfica dentro del personal de la Secretaría Ejecutiva, saltado de 18 a 22 países representados, con especial incremento en el número de personas del Caribe y afrodescendientes. Por otro lado, la CIDH realizó significativos avances en materia de comunicación, promoviendo mejoramientos en su imagen fotográfica y de videos y reforzando la presencia en las redes sociales a través de diferentes campañas. A través de dichas herramientas de comunicación se consiguió alcanzar a 88 millones de personas.
A continuación se detallan los principales logros de la CIDH en 2018, en ejecución de los programas de su Plan Estratégico.
Plan de superación del atraso procesal
Durante 2018, la adopción de decisiones de apertura a trámite en estudio inicial fue incrementada un 74% respecto de 2016. Asimismo, la gestión y adopción de decisiones de admisibilidad y fondo fue incrementada un 189% respecto del 2016, alcanzando 176 informes. Por su parte, el Mecanismo de Soluciones Amistosas fue fortalecido a partir del lanzamiento de la edición actualizada del Informe de Impacto de las Soluciones Amistosas y capacitación personas funcionarias y usuarias y de la suscripción de 9 nuevos acuerdos de solución amistosa y la corroboración en el avance en la implementación de 106 medidas de reparación.
En materia de medidas cautelares, el equipo ha respondido de manera efectiva a un gran incremento de la demanda, que resulta del agravamiento de la situación de derechos humanos en algunos países del hemisferio, así como a una ampliación del conocimiento del mecanismo. Se ha logrado mantener el análisis de los asuntos al día, y se ha verificado un incremento en el otorgamiento de medidas cautelares, en parte vinculado a la grave situación de derechos humanos en Nicaragua y el seguimiento cercano que la CIDH ha hecho a través de su Mecanismo de Seguimiento. Se logró el fortalecimiento del mecanismo de medidas cautelares a partir de la evaluación jurídica del 100% de las 1618 solicitudes de recibidas durante el 2018, representando un incremento del 56% respecto de 2016. De ellas, 120 medidas cautelares han sido otorgadas, constituyendo el mayor valor histórico de la CIDH. Por otro lado, se cuadruplicó el porcentaje de medidas cautelares que fueron otorgadas en menos de un mes desde la fecha de solicitud.
En los últimos 2 años, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH ha destinado recursos significativos para abordar el atraso procesal acumulado desde los años noventa, modificando sustancialmente la manera en que organiza el trabajo de su Secretaría; haciendo más eficiente y estratégico el manejo de los recursos humanos y de los materiales de gestión y tecnológicos disponibles y generando modelos piloto de gestión, entre otras acciones.
En este tiempo fueron implementadas importantes medidas de carácter administrativo, entre ellas, la puesta en marcha de una Secretaría Ejecutiva Adjunta exclusivamente dedicada a la atención del sistema de peticiones y casos, soluciones amistosas y medidas cautelares; el refuerzo del personal de esta Secretaría mediante la adición de 21 nuevos profesionales en relación a agosto de 2016, fecha de inicio de la nueva gestión de la Secretaría Ejecutiva, y el fortalecimiento de la estabilidad contractual del equipo de consultores, además de la elevación del status institucional de grupo de protección a una sección de medidas cautelares. La Secretaría Ejecutiva de la CIDH también puso en funcionamiento en septiembre de 2017 una Unidad de Tramitación, la cual avanzó durante 2018 y logró centralizar la tramitación administrativa de peticiones y casos en las distintas etapas procesales de manera que los y las abogadas pudieran desarrollar una labor exclusivamente jurídica. Asimismo, se seguirán tomando diversas acciones de actualización del sistema informático de gestión procesal para agregar nuevas funcionalidades que faciliten el desarrollo del trabajo interno y la transparencia y efectividad. La nueva estructura administrativa fue anunciada el 17 de agosto de 2017 y publicada con su organigrama.
En 2018, la CIDH adoptó nuevas medidas luego de un amplio proceso participativo de consultas regionales con los Estados y la sociedad civil, y con especialistas y personal técnico de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH para seguir implementando Plan Estratégico 2017-2021 y sus planes de acción.
Con el objetivo de generar continuidad a este importante proceso, y resaltar la importancia al sistema de peticiones y casos, en febrero de 2018 la CIDH creó un grupo de trabajo para acompañar el proceso de superación de atraso procesal. El grupo está conformado por la Comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño y los Comisionados Joel Hernández, Francisco Eguiguren, Luis Ernesto Vargas y el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão. Como primer paso, este grupo lideró la segunda etapa de consultas, abierta a todos los usuarios del Sistema, que fue realizada en junio de 2018 para recibir sugerencias adicionales para enfrentar el desafío de años de atraso procesal. Tras revisar el conjunto de sugerencias, la CIDH decidió adoptar las siguientes medidas adicionales para esta segunda etapa de medidas del Plan de Acción del Programa Especial para superar el Retraso Procesal establecido en su Plan Estratégico:
Fase de Estudio Inicial: Creación de una fuerza-tarea para superar el atraso procesal en la etapa de estudio inicial
La CIDH ha creado un equipo especial para actuar como una fuerza-tarea para resolver el atraso procesal en la etapa de estudio inicial. La CIDH se encontraba realizando una primera evaluación de las peticiones recibidas durante el año 2017. Sin embargo, además de la primera evaluación de peticiones de 2017, existe un gran número de peticiones anteriores a 2017 que aún se encuentran pendientes de una decisión sobre su tramitabilidad. Además, las peticiones evaluadas en los dos últimos años, tampoco fueron integralmente notificadas a las partes. En este sentido, la CIDH va a seguir destinando esfuerzos al estudio y apertura a trámite de las peticiones pendientes, y modificará las prácticas actuales que demostraron ser insuficientes para responder oportunamente al reclamo de las víctimas. La CIDH decidió que este grupo especial fuera temporalmente supervisado directamente por el despacho del SE, que instaló un grupo de especialistas para una constituir dicha fuerza-tarea que actualmente realiza el estudio de todas las peticiones recibidas hasta el 31 de diciembre de 2018.
Durante el año 2018 se recibieron un total de 2957, peticiones lo cual representa un incremento del 18,6% de peticiones recibidas en comparación con el año anterior y un 15% respecto de 2016. Para 2019 se proyecta recibir 3050 peticiones. En 2018 se evaluaron un total de 2897 peticiones. En 251 peticiones se decidió solicitar información adicional a los peticionarios, mientras que se tomó una decisión sobre la apertura a trámite en las 2580 peticiones restantes: se decidió abrir a trámite a 591 peticiones y no abrir a trámite en 1989 peticiones.
Admisibilidad:
1. Plan piloto de decisiones en serie respecto de la misma temática
La Comisión extendió a la etapa de admisibilidad el plan piloto de adopción en serie de informes inicialmente adoptado para la etapa de fondo. Para lo anterior, la CIDH instruyó a la Secretaría Ejecutiva a trabajar en forma sistematizada con base a formatos de informes modelos para asuntos repetitivos. De esta manera, se asignó una parte del equipo de la Sección de Admisibilidad a este plan piloto, el cual consistirá en la elaboración de informes sobre admisibilidad con párrafos modelo siguiendo el mismo análisis para las distintas situaciones en cada temática.
2. Análisis de caracterización
La CIDH decidió volver al formato de análisis de caracterización previsto originariamente para generar más agilidad en todo el ciclo de solución: la elaboración, la revisión de informes, la traducción, la discusión y la aprobación.
Medidas comunes para las etapas de Admisibilidad y Fondo
La CIDH aprobó e implementó las siguientes medidas durante 2018:
1. Reasignar los y las profesionales especialistas abogadas con más experiencia en el Sistema de Casos y Peticiones, para actuar directamente en las respectivas secciones de admisibilidad y fondo como medida para concentrar esfuerzos para superar el atraso procesal en dichas etapas;
2. Disminuir el número de solicitudes de observaciones en las fases de admisibilidad y fondo, manteniendo la flexibilidad que sea necesaria en función de los casos;
3. Continuar avanzando en la simplificación de los informes de admisibilidad y fondo;
4. Mantener la medida de acumular casos cuando exista identidad de partes, hechos o patrones similares, siempre garantizando el pleno respeto del derecho de defensa e igualdad de las partes;
5. En cuanto a la política de archivos, la CIDH decidió modificar el plazo de inactividad de las partes de cuatro a tres años para el envío de la advertencia de archivo; y archivar casos en fondo por el incumplimiento de un requisito reglamentario por la parte peticionaria, específicamente, la no presentación de observaciones adicionales sobre el fondo, en aplicación de los supuestos a) y b) del artículo 42.1 del Reglamento. El envío de advertencias de archivo se realiza ante un período de inactividad, habiendo o no trámites pendientes. La CIDH considera oportuno indagar con los peticionarios si subsisten los motivos de la petición y el interés en continuar con el trámite dado que nuevos hechos pueden haber ocurrido y puede ser que ya no exista voluntad en continuar con el trámite de la petición o caso. Es decir, se archivará la petición o caso, en aquellos casos en que la CIDH no cuente con la información necesaria para alcanzar una decisión sobre la petición o caso, a pesar de los esfuerzos realizados para obtener dicha información, por haber un indicio relevante de desinterés en la tramitación.
6. Continuar aplicando la política de desactivación de peticiones sin actividad de la parte peticionaria con la mayor cautela, atendiendo a las circunstancias del caso y la existencia de información que permita a la CIDH resolver, aún sin impulso de la parte peticionaria
7. Seguir con la implementación de su política de estudio anticipado de peticiones o per saltum, en particular en casos en que la decisión pueda comprobadamente remediar situaciones estructurales graves en que tengan impacto en el goce de los derechos humanos, o de otras situaciones en las que el paso del tiempo pueda privar a la decisión de su efecto útil.
Del total de 176 informes aprobados por la CIDH, 133 informes fueron sobre admisibilidad y 43 informes sobre el fondo, incrementado en un 14% la producción de informes respecto de 2017 y un 189% respecto de 2016, alcanzando la mayor producción histórica de informes en la historia de la CIDH en un año.
En términos cualitativos, en los informes de fondo adoptados este año, la Comisión profundizó y consolidó su jurisprudencia en una gran variedad de temas que incluyen libertad de expresión y responsabilidades ulteriores, uso de la detención preventiva, pena de muerte, obligaciones estatales frente a jóvenes prestando el servicio militar, desaparición forzada, acceso a la información y archivos militares, discriminación racial en el ejercicio del poder punitivo del Estado, tortura, deber de protección del derecho a la vida, debido proceso penal, debido proceso administrativo sancionatorio, ejecuciones extrajudiciales, incumplimiento de fallos judiciales, uso de la fuerza contra personas migrantes, violencia sexual, derecho a la igualdad en el marco de reparaciones en contextos transicionales, debido proceso en procedimientos relacionados con la situación migratoria y derecho de no devolución, derecho a la salud, independencia judicial, beneficios carcelarios y finalidad de la pena, condiciones de derechos y posición de garante del Estado frente a personas privadas de libertad, y personas con discapacidad.
Además, la Comisión se pronunció por primera vez en informes de fondo sobre temáticas no abordadas con anterioridad, desarrollando jurisprudencia al respecto. Dentro de tales temáticas se encuentran la violencia por prejuicio contra personas LGTBI, discriminación por orientación sexual en la función pública y el ámbito laboral, derecho a la salud y secreto médico, capacidad jurídica de las personas con discapacidad, institucionalización en centros psiquiátricos, deberes de regulación, supervisión y fiscalización de actividades empresariales, especialmente aquellas que realizan labores peligrosas, derecho al trabajo, peores formas de trabajo infantil y violencia y acoso sexual contra niñas en el ámbito educativo.
El portafolio de peticiones y casos en etapas de admisibilidad y fondo tuvo un incremento durante 2018 debido al incremento en la actividad en la etapa de estudio inicial y la aplicación de la Resolución 1/16 que en 2017 unificó el trámite de peticiones que estaban en trámite hace más de 10 años y que constituyó en mayor número de peticiones que alcanzaron la etapa de fondo en la historia de la CIDH en un período similar.
Actuación de la CIDH ante la Corte IDH
Durante 2018 la CIDH envió 18 casos a la Corte Interamericana y solicitó dos medidas provisionales. Asimismo, continuó actuando en el trámite escrito de los casos contenciosos, presentando alrededor de 40 escritos de casos activos. La Comisión cumplió con su mandato convencional de comparecer en todas las audiencias ante el Tribunal, tanto las relativas a casos contenciosos, como las relativas a supervisión de sentencia y medidas provisionales, las cuales ascendieron a 17 durante el año 2018. Igualmente, la CIDH presentó más de 80 escritos a la Corte Interamericana en materia de supervisión de cumplimiento de sentencia y medidas provisionales.
Programa de expansión del uso de las soluciones amistosas
Durante 2018, 15 nuevos asuntos ingresaron al portafolio de negociación de soluciones amistosas. Asimismo, es de indicar que un total de 33 asuntos fueron depurados del portafolio de negociación de solución amistosa por vía de cierre del proceso de negociación (por solicitud de las partes. Al momento de cierre del balance de 2018 y planificación del año 2019, existen 105 asuntos en proceso de negociación o fase previa a la emisión de un Informe de homologación.
A lo largo del 2018, la CIDH facilitó 41 reuniones de trabajo con la participación de Estados, peticionarios y víctimas, sobre asuntos en diversas etapas de negociación o implementación de acuerdos de solución amistosa.
Durante el año se suscribieron 9 nuevos acuerdos de solución amistosa entre las partes. En particular, en julio de 2018, se firmó el primer acuerdo de solución amistosa del Estado de Costa Rica.
La Comisión observa con satisfacción que con los avances registrados en la implementación de medidas en acuerdos de solución amistosa, 6 peticiones y casos avanzaron de un cumplimiento parcial a un cumplimiento total y 1 caso avanzó de estar pendiente de cumplimiento a un cumplimiento parcial.
Asimismo, la Comisión observa que se avanzó en la implementación de 106 medidas, lográndose el cumplimiento total de 69 medidas de reparación; el cumplimiento parcial sustancial de 20 medidas de reparación; y el cumplimiento parcial de 17 medidas de reparación. De las 106 medidas en las cuales se registraron avances en el 2018, 48 son de carácter estructural y 58 son de carácter individual. Es de resaltar que en el 2017, la Comisión declaró cumplidas totalmente 16 medidas, por lo cual se observa frente a ese indicador un aumento considerable en materia de cumplimiento total de medidas de reparación. La Comisión realizó el lanzamiento de la edición actualizada de su Informe de Impacto de las Soluciones Amistosas. Asimismo, se avanzó en la difusión del mecanismo a través de la realización de cinco talleres de capacitación y un seminario sobre arbitraje y mediación internacional.
Medidas cautelares
Durante el año 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su mecanismo de medidas cautelares ha continuado protegiendo los derechos de personas a lo largo del hemisferio que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Este año se caracterizó por el incremento sustantivo en las solicitudes recibidas, el mayor número de otorgamientos de medidas cautelares realizados por la CIDH, así como la ejecución de medidas tendientes a agilizar el trámite de las solicitudes y favorecer una respuesta más oportuna.
El año 2018 registra la cifra histórica de 1618 solicitudes de medidas cautelares recibidas, siendo el mayor número en la historia de la CIDH. Este número representa más del 50% del número de solicitudes recibidas el año pasado. A febrero de 2019, el 100% de las solicitudes recibidas en 2018 fue evaluado de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Reglamento.
La Comisión recibió un gran número de solicitudes de medidas cautelares durante sus visitas in loco en terreno y de parte de solicitantes en gran situación de vulnerabilidad. En el anterior escenario, se produjo un incremento en el uso de la tecnología para posibilitar el acceso más flexible a los solicitantes para narrar los eventos de riesgo, a través de la presentación de relatos grabados a través de audios o videos tomados durante el transcurso de las visitas. Una gran parte de tales solicitudes fueron presentadas en el contexto de la crisis de derechos humanos ocurrida en Nicaragua, a partir de abril de 2018.
En total se otorgaron 120 medidas cautelares, el cual es el mayor número de otorgamientos realizados en un año, que representa a su vez el porcentaje más alto de medidas cautelares adoptadas en comparación con el número de medidas cautelares recibidas (7.2%), desde que se modificó el Reglamento en 2013. Tales medidas fueron otorgadas respecto de Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela. Un gran número de las medidas cautelares otorgadas (67) fueron adoptadas en relación con la crisis de derechos humanos en Nicaragua.
Se otorgaron medidas a personas defensoras de derechos humanos, periodistas, grupos en situación de vulnerabilidad o discriminación histórica tales como mujeres, niños, niñas y adolescentes, comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, personas desplazadas forzadamente, integrantes de la comunidad LGTB, personas privadas de libertad, migrantes, operadores y operadoras de justicia, y con discapacidad. A través de sus decisiones, la CIDH ha determinado proteger la vida e integridad personal, salud, identidad y vida familiar, libertad de expresión, entre otros derechos involucrados en la situación de riesgo presentada.
El tiempo en que fueron otorgadas las medidas cautelares se redujo significativamente en comparación con años anteriores, siendo en promedio de 74 días. De tales medidas, se cuadruplicó el porcentaje de las otorgadas dentro del primer mes desde la fecha de solicitud, pasando del 11% en 2017 al 44% en 2018.
Dada la excepcional situación de riesgo en que se encontraron varios solicitantes, la mayoría de las medidas otorgadas 2018 (58%) lo fue sin previa solicitud de información al Estado, según lo establecido por el artículo 25.5 del Reglamento. En tales asuntos, de conformidad con el Reglamento, la Comisión ha analizado la pertinencia de mantener vigentes tales medidas con base en la información aportada por los Estados con posterioridad al otorgamiento.
En 2018 la Comisión celebró 41 reuniones de trabajo y 5 audiencias públicas donde de manera directa supervisó la implementación de las medidas cautelares, requiriendo información a los Estados sobre los avances logrados, cronogramas o rutas de trabajo y acuerdos entre las partes. La Comisión asimismo, remitió más de 700 comunicaciones a los Estados y representantes en relación con la implementación de las medidas vigentes. Durante las visitas in loco yde trabajo la CIDH tuvo la oportunidad de dialogar con autoridades y representantes de medidas cautelares en relación con su cumplimiento. En 2018 la CIDH emitió 10 comunicados de prensa en relación con medidas cautelares adoptadas.
Asimismo, se logró un avance en relación con la participación de los Estados en las reuniones de trabajo sobre medidas cautelares. En 2017, 9 Estados habían participado de las reuniones de trabajo organizadas por la CIDH respecto de medidas cautelares: Argentina, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Venezuela. En 2018, además de estos Estados, participaron en reuniones de trabajo sobre medidas cautelares Brasil y Ecuador.
Acciones adoptadas para agilizar el trámite y dar previsibilidad al mecanismo de medidas cautelares
La CIDH adoptó la Resolución 3/2018 mediante la cual transparentó algunos criterios y asuntos o pretensiones que de manera histórica y consistente ha venido considerando que no son susceptibles de ser analizados a través del mecanismo de medidas cautelares, en vista de que su análisis requeriría un pronunciamiento de fondo sobre la situación presentada, propia del sistema de peticiones y casos. Asimismo, la CIDH decidió no continuar con el trámite de las solicitudes en las cuales tras no identificarse cumplidos los requisitos reglamentarios para otorgar la medida, se requirió información adicional a los solicitantes sin que se hubiese dado respuesta durante un tiempo prolongado. Lo anterior, ha favorecido una mayor previsibilidad del mecanismo y ha agilizado la toma de decisiones respecto de los asuntos que presentan mayores indicios de riesgo de conformidad con los precedentes de la CIDH y que cuentan con información actualizada.
La Secretaría Ejecutiva en 2018 ha continuado adoptando medidas para hacer más expedita la toma de decisiones definitivas, el manejo de las solicitudes y medidas cautelares otorgadas a través de portafolios y asegurando la debida priorización de los asuntos que presentan indicios de mayor urgencia. Con la finalidad de continuar ofreciendo una respuesta adecuada, en 2018 el personal que trabaja en la Sección de Medidas Cautelares y Provisionales se incrementó de manera sustantiva en comparación con el personal existente, logrando duplicar tanto el número de personal encargado de tareas jurídicas como administrativas en comparación al que existía en agosto de 2016, al inicio del mandato del actual Secretario Ejecutivo.
Monitoreo y coordinación de respuestas relevantes, oportunas y adecuadas sobre la situación de derechos humanos
La Comisión también logró avanzar hacia la consolidación de un monitoreo más oportuno, diversificado y ampliado, a través de la articulación de sus diversas funciones y mecanismos; con un aumento de visitas in loco y de trabajo; con instalación y seguimiento de las Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) con el fin de identificar factores de riesgo de violaciones de derechos humanos y generar alertas tempranas para situaciones emergentes y/o diseñar estrategias de atención inmediata; con aumento tanto en solicitudes de información a los Estados sobre medidas en materia de derechos humanos, como en posicionamientos por medios de comunicados de prensa; y con la atención de crisis de derechos humanos en la región en tiempo real. Como resultado la CIDH ha logrado mapear tendencias y situaciones estructurales y emergente en materia de derechos humanos y generado estrategias coordinadas para su abordaje.
Esta integración y coordinación de la función de monitoreo de derechos humanos que realiza la CIDH en cumplimiento de su mandato, se ve expresada en los productos elaborados, como las visitas, informes temáticos y de país, comunicados de prensa, cartas de solicitud de información a los Estados, memorandos y audiencias. Asimismo, en un esfuerzo por estandarizar y hacer más eficiente sus procesos y armonizar los flujos, procesos a instrumentos de trabajo, la CIDH trabajó en la construcción de los planes de acción anual, en el establecimiento de seis protocolos de actuación del área para las visitas de trabajo, visitas in loco, informes temáticos, actividades promocionales, cartas de solicitud de información y monitoreo de país y temático.
Los logros en relación con los esfuerzos para superar la fragmentación y la duplicación de esfuerzos en el monitoreo de las situaciones de derechos humanos, así como la definición de estrategias de actuación para el uso integrado y articulado de los diversos mecanismos al alcance de la CIDH, dio como resultado un incremento en el uso de ciertas herramientas, superando en mucho el alcance de años anteriores. Hubo un incremento en relación al 2018 en la producción de cartas y comunicados. Todos los temas prioritarios de la CIDH han sido cubiertos por los comunicados de prensa, generando un mejor equilibrio temático. La situación de derechos humanos de 29 países de la región ha sido monitoreada en relación a temas generales o específicos examinada por la CIDH por medio de comunicados de prensa, solicitudes de informácion privadas a los Estados, o audiencias públicas.
Visitas in loco
En materia de observación y promoción de los derechos humanos en la región, la CIDH condujo una visita in loco a Honduras del 30 de julio al 3 de agosto de 2018 al término de la cual publicó las observaciones preliminares de la visita y 25 recomendaciones hechas al Estado. El objetivo de esta visita fue observar en terreno la situación de derechos humanos en el país. Para esto, la CIDH recabó testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares; llevó a cabo visitas a diversas regiones, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán; así como a varias instituciones estatales, incluyendo centros de privación de libertad y bases militares.
También condujo una visita in loco a Brasil del 5 al 12 de noviembre de 2018 en la que se desplazó por diversas localidades de los Estados de Bahía, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Río de Janeiro, São Paulo, Roraima y al Distrito Federal. Sus observaciones preliminares de la visita y 77 recomendaciones hechas al Estado fueron divulgadas a través de una conferencia de prensa ofrecida en Rio de Janeiro. La CIDH visitó instituciones estatales, incluyendo algunos centros de privación de libertad; el centro de recepción y atención a los migrantes y refugiados en la frontera con Venezuela; la zona de uso de drogas conocida como Cracolândia, en São Paulo; un centro socioeducativo de detención de niños, niñas y adolescentes, entre otros. También visitó quilombos, territorios de comunidades indígenas y áreas de asentamientos de trabajadores rurales y sin techo y zonas afectadas por desastres ambientales.
Visitas de trabajo
Siguiendo la estrategia de priorización de una serie de temas prioritarios y ejes transversales contenidos en el Plan Estratégico 2017-2021, así como la perspectiva interseccional de toda su agenda de trabajo, la CIDH diseñó una agenda de visitas de trabajo que permitieron aumentar en forma significativa la visibilización de las distintas situaciones de derechos humanos en Estados Miembros de la OEA. Al respecto, se llevaron a cabo 25 visitas de trabajo a 12 países de la región (Bahamas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay), de las cuales 8 tuvieron un carácter promocional; 1 protocolar; 9 de seguimiento; y 7 fueron visitas de observación de la situación de derechos humanos. En la mayoría de ellas, la CIDH divulgó sus conclusiones y sus recomendaciones hechas a los Estados en conferencias o comunicados de prensa.
Por medio de las visitas de trabajo a estos países, la CIDH ha logrado observar la situación de los derechos humanos de personas históricamente discriminadas como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de las libertad, afrodescendientes, personas LGBTI, pueblos indígenas, así como de los derechos a la memoria, verdad y justicia, a libertad de expresión, y DESCA, entre otros. Esas visitas también han sido utilizadas por la CIDH para promocionar estándares para la protección de esas personas y temas priorizados. Asimismo, ha tenido la oportunidad de promover mesas de diálogo entre Estado y organizaciones de la sociedad civil, realizar reuniones protocolares con autoridades estatales, así como reuniones con la sociedad civil sobre la situación de derechos humanos en los países y reforzar la alianza con otros o actores como los académicos y plataformas sociales.
Solicitudes de información
Durante el 2018, la Comisión emitió un total de 78 cartas de solicitud de información a los Estados de la región: 64 fueron elaboradas en virtud del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 en virtud del artículo 18 de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre. Este número es casi que el doble de la cantidad de cartas enviadas en el 2017 (42 cartas). Las cartas permitieron abordar múltiples situaciones en materia de derechos humanos en 26 países de la región: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana. Del total de cartas enviadas, 49 fueron contestadas por los Estados y 29 quedaron sin respuesta, lo cual representa un 63 % de respuesta por parte de los Estados. La información proporcionada sigue siendo analizada y considerada por la CIDH en el marco de sus distintas herramientas de monitoreo, en particular en la elaboración de informes de país y temáticos. En el caso concreto de Nicaragua, la CIDH envió adicionalmente 80 cartas de solicitud de información con relación a la situación de personas y hechos específicos ante la crisis de derechos humanos.
A través del referido mecanismo, la CIDH abordó los siguientes temas: amenazas y violencia a defensores de derechos humanos; derechos de personas pertenecientes a comunidades indígenas; participación de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública; violencia obstétrica y esterilización forzada; derechos de las personas mayores y de las personas LGBTI; derechos de las personas migrantes y solicitantes de asilo; y desplazamiento forzado interno, entre otros.
En este sentido, la CIDH reaccionó oportunamente a situaciones de riesgo y violaciones de los derechos humanos en la región tales como la llamada "Caravana de migrantes" y solicitó información al Estado de México y Guatemala información sobre las medidas de protección de los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo que formaron parte de Caravana. Otro ejemplo fue la solicitud de visita a México y Estados Unidos a la política de separación de migrantes. Esta visita aún está pendiente de autorización por parte de Estados Unidos. Se emitieron también 10 solicitudes de información sobre el acceso a derechos políticos de las personas con discapacidad.
Comunicados de prensa
En relación con los comunicados de prensa emitidos durante este periodo, la CIDH logró ampliar su posicionamiento en favor de los derechos humanos en la región. De los 276 comunicados de prensa emitidos por la CIDH, 204 se relacionaron con el monitoreo y seguimiento de la situación de derechos humanos en la región, en relación a países y prioridades temáticas de la CIDH; y 8 a la cooperación técnica y actividades de promoción y capacitación. Este numero supera los ya incrementados datos del 2017, donde la CIDH publicó 161 comunicados de prensa de monitoreo y seguimiento. A través del referido mecanismo, la Comisión también abordó la situación de derechos humanos en la región así como en 22 países de la región, ya sea como situación general o sobre ciertos temas y grupos poblacionales específicos en el país. Asimismo, tocó temas como: desalojos forzados y desplazamiento interno, políticas migratorias que resultan en la separación de niños y sus familias, intervenciones militares en materia de seguridad ciudadana y orden público, derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas, derechos de las personas LGBTI y de las personas mayores, discriminación racial, los derechos de los pueblos indígenas y tribales, el derecho a la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre otros.
Desde el inicio de la crisis en Nicaragua, la Comisión publicó 41 comunicados de prensa expresando su preocupación por la represión estatal que mantiene en una situación crítica el goce y ejercicio de los derechos humanos de la población nicaragüense. De esos comunicados, 4 corresponden al monitoreo particular de la situación de los periodistas y medios de comunicación por parte de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión; y 1, al trabajo de seguimiento de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) en Nicaragua.
Audiencias
La CIDH hizo seguimiento y visibilizó un significativo número de situaciones de derechos humanos mediante la celebración de 107 audiencias públicas en el marco de sus cuatro periodos de sesiones del 2018. Las mismas abordaron temas relativos al monitoreo de situaciones regionales, de algunas subregiones y/o 22 países, así como de nuevas tendencias en derechos humanos y seguimiento de recomendaciones emitidas por la CIDH. Las audiencias cubrieron los 13 temas y 6 ejes transversales prioritarios en el plan estratégico, logrando una evolución y un mayor balanceo temático respecto del 2016. Trabajando hacia la completa accesibilidad al Sistema Interamericano, la Comisión facilitó la interpretación en Lengua de Señas en dos audiencias públicas.
SACROIs
Para mejor incidir frente a situaciones emergentes y ampliar sus medidas de protección, la CIDH fortaleció sus mecanismos internos de respuesta rápida e integrada dirigidos a prevenir posibles vulneraciones a derechos y proteger a aquellos que pudieran enfrentar un riesgo con la creación y seguimiento de las Salas de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada respecto de Brasil y Honduras, países visitados, además de Venezuela y Nicaragua.
Con relación a Brasil, la Secretaría Ejecutiva realizó reuniones de coordinación en preparación a la visita in loco prevista que se realizó en noviembre del 2018, revisando temas de preocupación y propuestas preliminares de agenda. Tras la visita, se realizaron otras reuniones de la Sala con el objeto de darle seguimiento a las solicitudes de medidas cautelares recibidas y empezar la preparación del informe país, así como la identificación de peticiones recibidas y casos en trámite relacionadas con los principales ejes de las observaciones preliminares a la visita.
Con relación a Venezuela, se fortaleció la SACROI instalada en 2017 para preparar los diferentes lanzamientos del informe sobre el país y para dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el país. Asimismo, la SACROI se reunió para identificar aquellas peticiones en admisibilidad y casos en fondo procesalmente listos para preparar los informes respectivos y se ha preparado un documento de posición de la CIDH en relación con la denuncia de Venezuela a la Carta de la OEA, aún en evaluación.
Es importante destacar el desafío que se ha presentado por la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua en relación con los hechos violentos que tuvieron lugar a partir del 18 de abril de 2018. Al respecto, la CIDH instaló una SACROI con el objeto de dar especial atención a la situación de derechos humanos en el país. Entre las acciones emprendidas por la Comisión, se cuenta con la visita de trabajo realizada del 17 al 21 de mayo, que tuvo la finalidad de observar en terreno la situación de los derechos humanos en el país, documentar los hechos, y emitir las primeras recomendaciones en las Observaciones Preliminares. Asimismo, la CIH publicó el informe “Graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua”. Adicionalmente, la CIDH ha instalado dos mecanismos especiales de investigación y seguimiento: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), resultados que se presentan mas adelante.
La creación y puesta en marcha de todos estos mecanismos ha ocurrido en un tiempo record, en un intervalo de 2 meses, desde la instalación de la SACROI, la Visita y el Informe, hasta la instalación del MESENI y del GIEI. Todo ello ha permitido que la CIDH tuviera una incidencia oportuna e integral que le permitió poner en conocimiento de la comunidad internacional los graves efectos de la crisis de derechos humanos que sigue afectando a ese país, en términos de pérdidas de vidas humanas, criminalización de la protesta social y desplazamientos forzados al interior y fuera del país.
Respecto de este último fenómeno, la CIDH le dio una especial atención a la situación de las personas nicaragüenses solicitantes de asilo y en necesidad de protección internacional que se han visto forzadas a huir de su país y buscar protección internacional. Con ese propósito la CIDH realizó una visita de observación a Costa Rica del 14 al 18 de octubre de 2018. En esa ocasión, la Comisión entrevistó a 259 personas y recabó 165 testimonios de solicitantes de asilo y/o con necesidades de protección internacional, los cuales permitieron identificar las causas que les llevaron a huir de Nicaragua, los riesgos y obstáculos que enfrentaron al salir del país, así como la situación que viven actualmente en Costa Rica.
Los resultados alcanzados en el año reafirman la relevancia de esta herramienta. La CIDH ha logrado incidir en una de las más graves crisis de derechos humanos en la región de manera oportuna y efectiva, actuando a partir de sus diferentes mandatos, además de lograr preparar sus visitas de manera amplia y ajustada a las necesidades de cada país.
Resoluciones aprobadas
En el 2018 la Comisión aprobó dos resoluciones novedosas sobre temas de gran trascendencia en la región y a los cuales ha venido brindando una especial atención: corrupción y derechos humanos; y migración forzada de personas venezolanas en la región. Con la Resolución 1/18 la CIDH por primera vez analiza la forma en que la corrupción afecta a los derechos humanos en su integralidad, provoca un debilitamiento de la gobernabilidad y de las instituciones democráticas, fomenta de la impunidad, socava al Estado de Derecho, y exacerba la desigualdad. Los esfuerzos de la CIDH con el apoyo de sus Relatorías Especiales se reflejaron posteriormente en el Compromiso de Lima, el documento acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros de la OEA durante la VIII Cumbre de las Américas celebrada en Perú en abril 2018. En virtud de este compromiso, los Estados se comprometieron a enfrentar la corrupción sistémica mediante el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la transparencia, el acceso a la información, la protección de denunciantes y los derechos humanos, incluida la libertad de expresión; la promoción de la transparencia en la financiación de organizaciones políticas y campañas electorales.
La Resolución 2/18, por su parte, aborda las causas de la masiva migración forzada de personas venezolanas a varios países de la región y del mundo; los riesgos que dicha población enfrenta ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar; y los múltiples obstáculos para obtener protección internacional, además de la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición de migrantes y refugiados que enfrentan una vez arriban al país receptor; y los obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria. A través de esa resolución, la CIDH exhortó a los Estados Miembros de la OEA a implementar una serie de acciones para dar respuesta a la grave y compleja crisis que representa la migración forzada de personas venezolanas a otros países, conforme a la obligación internacional de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas bajo su jurisdicción.
Informes aprobados
Atendiendo a su mandato de monitoreo y promoción de los derechos humanos en los Estados miembros, la Comisión elaboró y aprobó durante este periodo, 10 informes temáticos y público 3 informes de país. Entre los primeros cabe destacar: el informe “Afrodescendientes, Violencia policial, y Derechos Humanos en los Estados Unidos”; el Compendio sobre las normas y los estándares relativos al derecho a buscar y recibir asilo, el derecho de no devolución y las garantías de debido proceso en procedimientos para la determinación de la condición de refugiado; el informe sobre “Desplazamiento interno en el Triángulo Norte. Lineamientos para la formulación de políticas públicas”; el informe “Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos”; el informe sobre "Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los Derechos de las Personas LGBTI en las Américas"; los informes de la RELE sobre "Informe Especial sobre la situación de la libertad de expresión en México"; "Mujeres Periodistas: Discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas por el ejercicio de su profesión”; y "Libertad de Expresión en Cuba”; y los informes de MESA de Balance y Final sobre el "Mecanismo de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa".
Asimismo, la CIDH ha ampliado el monitoreo sobre la situación general de los derechos humanos en los países a partir de la publicación de 3 Informes de país en el 2018 referidos a Guatemala, Nicaragua y Venezuela.
El desarrollo de estos informes temáticos y de país, las resoluciones, comunicados, así como la colaboración permanente del trabajo de monitoreo con el sistema de peticiones y casos y medidas cautelares, han llevado a que durante 2018 se hayan tenido significativos avances en estándares que permiten ampliar el ámbito de protección para las personas de las Américas, y contribuyen a su vez al desarrollo en la interpretación de los derechos humanos contenidos en los instrumentos Interamericanos. Entre los temas novedosos sobre los cuales la CIDH desarrolló estándares, se encuentran: el acoso sufrido en varios entornos, incluyendo en el ámbito escolar, derivado de la violación sexual de una niña indígena; cuestiones desalojos y desplazamiento interno y estableció estándares en concordancia con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; sobre la migración forzada de personas con estándares específicos para abordar la situación de migración forzada de personas venezolanas en la región con una perspectiva de derechos humanos y responsabilidad compartida; la separación de niñas y niños de sus padres en frontera; sobre los privilegios derivados de la aplicación de regímenes de máxima seguridad en contraposición a la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y de sus familias; enfatizó la importancia del establecimiento de servicios ambulatorios para el tratamiento de personas con uso problemático de drogas; derechos de las personas LGBTI a la participación política, a políticas y servicios públicos, la importante de construcción de una cultura de respecto a estas personas, así se afirmó que la libertad de religión o creencia no puede aducirse para justificar la discriminación contra personas LGBTI. Asimismo, la Comisión exhortó a los Estados a abstenerse de adoptar medidas que signifiquen un retroceso en el respeto y garantía de los derechos de las mujeres, considerando que las medidas que representen un retroceso en los esfuerzos de los Estados para cumplir con estas obligaciones pueden constituir una violación a los derechos humanos de las mismas. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Afro-latinoamericana, Afrocaribeña y de la Diáspora, la CIDH llamó a los Estados a fomentar y fortalecer su participación política. La CIDH observó que los fenómenos conocidos como “doxing”, “sextorsión” y “trolleo”, así como la distribución no consensuada de contenidos íntimos (denominada “porno vengativo”), ya se han empleado como métodos de intimidación contra defensoras de los derechos humanos, mujeres activas en la política, periodistas, blogueras, mujeres jóvenes, mujeres pertenecientes a minorías étnicas y mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres de la comunidad LGBTI, mujeres con discapacidad y mujeres de otros grupos marginados. Los intermediarios del ámbito de Internet (como Facebook, Google, Twitter, Instagram y otros) y los Estados tienen la responsabilidad conjunta de impedir esa ciber-violencia contra las mujeres y de hacerle frente.
Mecanismo de acciones conjuntas con la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (OACNUDH) para los derechos humanos para la protección de personas defensoras de derechos humanos
En un panorama regional de grave riesgo para las personas defensoras en la región, de aumento de las personas asesinadas, de las agresiones, de las amenazas, 2018 fue marcado por el inicio del funcionamiento del Mecanismo, tras los logros del 2017 respecto al diseño y consultas públicas sobre su agenda de trabajo. En marzo, se llevó a cabo la primera reunión de puntos focales del mecanismo conjunto en Bogotá, con la presencia de puntos focales de la CIDH y las Oficinas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Central, América del Sur, Colombia, Guatemala, Honduras y México, para discutir la implementación del mecanismo.
En esta reunión las oficinas de OACNUDH y la CIDH acordaron profundizar acciones conjuntas para avanzar la implementación efectiva del Mecanismo de acciones conjuntas para contribuir a la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en las Américas. Asimismo avanzaron en la consolidación del mecanismo de acciones conjuntas con propuestas específicas de acción en cinco líneas prioritarias: 1) estudios conjuntos, 2) monitoreo y protección, 3) incidencia, 4) promoción y 5) asistencia técnica.
Para alcanzar dichas acciones, se acordó intercambiar periódicamente información entre ambos órganos para el análisis conjunto de temas y situaciones de especial preocupación, así como acciones para alcanzar la efectiva y oportuna protección a personas defensoras en riesgo. También se presentó un borrador de Diagnóstico sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos en América (2012-2017) que constituye un insumo para las acciones conjuntas a desarrollarse.
Durante el presente año ambos órganos han realizado una serie de acciones conjuntas como: la emisión de dos pronunciamientos conjuntos sobre situaciones de mutua preocupación (respecto de Brasil, Honduras, Guatemala y regionales), participación conjunta en actividades de monitoreo y promoción y el incremento en el intercambio de información y análisis sobre la situación de derechos humanos de las personas defensoras en la región, incluyendo información de relevancia sobre las medidas cautelares. Entre las actividades realizadas, se encuentran un seminario y un foro sobre estándares en materia de personas defensoras en Honduras; la participación de la representante de la OACNUDH en Honduras en la visita in loco de la CIDH; una reunión de expertos y expertas en materia de buenas prácticas en la protección, prevención e investigación de delitos contra personas defensoras de derechos humanos, así como actividades preparatorias para dos informe que se pretenden publicar conjuntamente, como una consulta de expertos. En diciembre, se realizó una reunión de puntos focales para evaluar los resultados alcanzados y acordar el cronograma de acciones para el primer semestre del 2019.
Puesta en marcha de las tres nuevas unidades temáticas
Asimismo, la CIDH destaca el segundo año de funcionamiento de las unidades temáticas creadas en 2017: Memoria, Verdad y Justicia; Personas Mayores; y Personas con Discapacidad. En relación con la Unidad Temática sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se realizó una consulta pública el 22 de junio de 2018 en Lima, con la participación presencial de 70 personas, incluyendo personas con discapacidad, activistas, organizaciones no gubernamentales, expertos y expertas, academia y autoridades de 17 países, quienes identificarón los retos más apremiantes que enfrentan las personas con discapacidad en la región, así como propuestas de las líneas de trabajo de la Unidad temática. Por otra parte, la Unidad sobre los Derechos de las Personas Mayores de la CIDH y el Instituto de Políticas Publicas y Derechos Humanos de Mercosur (IPPDH), realizaron el 26 de julio de 2018 actividades dirigidas a fortalecer el conocimiento sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en la región y promover la universalización de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores, con paneles de discusión, lanzamiento de libro, lanzamiento conjunto de la exhibición fotográfica “Vivir con Dignidad” y que estuvo disponible en el edificio principal de la OEA hasta el 6 de agosto de 2018. En relación con la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia se destacan las actividades de capacitación desarrolladas en el marco de la cooperación con El Salvador en el objetivo estratégico 3. Las tres nuevas unidades lograron consolidar personal y presupesto propios, igual que las Relatorías.
Rediseño del Informe Anual
Asimismo, en atención a los llamados de diferentes actores sobre la necesidad de convertir su Informe Anual en una herramienta más ágil y accesible, en 2018 la CIDH rediseñó e implementó un nuevo formato. Con un nuevo diseño, ajustado a su Reglamento, la CIDH busca brindar un panorama integral sobre la situación de derechos humanos en la región; a la vez que rendir cuentas sobre sus actividades y logros alcanzados en función de los objetivos trazados en su Plan Estratégico. En materia de monitoreo, los principales cambios implementados fueron los siguientes: a) en el capítulo III, se consolidó toda la información relativa al trabajo de Monitoreo y Promoción de la CIDH a a través de sus relatorías y unidades temáticas y de país, así como la información sobre las actividades de capacitación y promoción; b) en el capítulo IV.A, la CIDH decidió incluir un panorama sobre la situación de los derechos humanos en el hemisferio por país, derivado de la labor de monitoreo de la Comisión, destacando las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas respecto tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales y culturales. Para esto último, la CIDH ha fortalecido la estrategia de participación por medio de una convocación de la sociedad civil para el envío de información, así a los Estados, por carta, para informen los avances y desafíos en relación a los ejes transversales en el 2018. Asimismo, en materia de seguimiento se rediseñaron los capítulos V y II.D a partir de la redefinición de criterios de análisis del cumplimiento de las recomendaciones, mejora en el formato de presentación de la información, y mediante la evaluación individual de cada una de las recomendaciones. Para el seguimiento de recomendaciones formuladas en casos individuales, se diseñaron fichas especificas para cada informe de fondo publicado, incluyendo el detalle de los retos y resultados alcanzados. Asimismo, se prepararon unos lineamientos para la presentación de la información por las partes en el proceso de solicitud de información los Estados, sociedad civil y peticionarios.
Promoción y capacitación
Con el fin de promover la democracia, la dignidad humana, la igualdad, la justicia y las libertades fundamentales en los términos de su Objetivo Estratégico 3, la CIDH fortaleció sus actividades de promoción y capacitación sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en el hemisferio a lo largo del 2018.
A lo largo del año, la Comisión a través de sus Relatorías, Unidades Temáticas y otras áreas de trabajo ha logrado consolidar su actuación en acciones de promoción y capacitación. En este periodo, la CIDH realizó 162 actividades de promoción sobre el sistema interamericano de derechos humanos alcanzando alrededor de 6.000 personas. Dichas actividades fueron realizadas en al menos 19 países de la región, 4 Estados observadores de la OEA y otros Estados. Muchas de estas actividades fueron realizadas con otros actores, afianzado la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con instituciones regionales e internacionales y con Estados. Las actividades tomaron lugar en Argentina, Brasil, Honduras, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, Senegal, China, España, Suiza, Francia, Alemania y Tailandia. Al respecto, corresponde destacar a nivel promocional la realización del II Foro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizado conjuntamente por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual se realizó el 10 de diciembre de 2018. En esta edición, dicho evento se celebró con la organización y auspicio de la Procuraduría General de la Nación de Colombia. En el marco del II Foro se adicionó el festejo por el aniversario de los 70 años desde la adopción de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, los 40 años de entrada en vigor de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por el día Internacional de los Derechos Humanos. Esta iniciativa conjunta de ambos órganos de derechos humanos, tuvo por finalidad generar y promover un debate sobre el presente y futuro de los derechos humanos en la región, la eficacia del sistema, la necesidad de aumentar los niveles de cumplimiento de las recomendaciones de la CIDH y las sentencias de la Corte IDH por parte de los Estados Miembros, y otros temas clave en la agenda de derechos humanos en América.
Asimismo, se dio inicio al Curso Internacional sobre Políticas Públicas en Derechos Humanos que la CIDH realizó durante el segundo semestre de 2018 y parte del 2019 en alianza con el Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del MERCOSUR. El Curso está destinado a 100 funcionarias y funcionarios públicos responsables del diseño, dirección, ejecución y evaluación de políticas públicas, miembros de organizaciones y movimientos sociales, académicos y a la sociedad en general.
Estos resultados son fruto de una estrategia ordenada para fortalecer, mediante alianzas con otras instituciones, las acciones de promoción y de capacitación que realiza la CIDH como uno de los pilares de su labor institucional. Estos resultado involucraron el desarrollo de: campañas de concientización y prevención; conferencias interamericanas de derechos humanos; seminarios y eventos; actividades de difusión de Informes; cursos de formación en políticas públicas en derechos humanos y sobre el sistema interamericano y los estándares interamericanos; cursos temáticos; y el apoyo en competencias nacionales y regionales sobre el sistema interamericano.
Adicionalmente, la CIDH orienta las actividades de promoción y capacitación sobre los estándares interamericanos de derechos humanos que se han generado a través de la doctrina y jurisprudencia del SIDH. Esto con el fin de promover una mayor comprensión y entendimiento en la sociedad civil, las redes de actores sociales y en los Estados Miembros sobre sus alcances y en lo pertinente, para su aplicación e incorporación en las decisiones y en los marcos normativos y en las políticas públicas con enfoque en derechos humanos. Cómo herramientas de promoción la CIDH esta elaborando guías prácticas y compendio de estándares. En 2018 aprobó una guía con lineamientos para la formulación de políticas públicas en materia de desplazamiento interno; e inició los trabajos de preparativos de una serie de tres compendios de estándares, con el mapeo y sistematización de los establecidos por la CIDH desde 2000 en relación con el principio de de igualdad y no discriminación en 445 informes de casos, temáticos y de país.
Cooperación técnica
En materia de cooperación técnica, la Comisión ha continuado fortaleciendo la colaboración con América Central a través del Proyecto sobre Democracia y Derechos Humanos en el Triángulo Norte, en particular con respecto a estándares relativos a migración y desplazamiento forzado, así como al conocimiento sobre el Sistema Interamericano. En el marco de un destinado al fortalecimiento de la institucionalidad pública con enfoque de derechos humanos en El Salvador, Guatemala y Honduras, se desarrollaron en este período capacitaciones dirigidas a funcionarios estatales de los tres países. Se realizaron por primera vez, tres talleres de capacitación y fortalecimiento de capacidades para funcionarios de las procuradurías de derechos humanos (sistemas nacionales de protección de derechos humanos) en materia del conocimiento y uso de los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como de las normas y estándares interamericanos. Estas capacitaciones tuvieron lugar en El Salvador, con una participación de 30 personas; en Honduras, con una participación de 34 personas; y en Guatemala, con una participación de 28 personas.
Asimismo, se realizaron otros tres talleres de asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para funcionarios públicos en materia de normas y estándares de derechos humanos de personas y migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas, desplazados y otras personas en el contexto de la movilidad humana. Estas jornadas tuvieron lugar en Honduras, con 33 personas participantes; en El Salvador, con 20 personas participantes; y en Guatemala con 12 personas participantes.
Por otro lado, en julio, tuvo lugar el Primer Foro Regional en Honduras: “Intercambio de experiencias sobre estándares internacionales y buenas prácticas relativas a desplazamiento interno, protección a defensores/as de derechos humanos y a poblaciones LGTBI en Guatemala, El Salvador, Honduras y México”. Cabe resaltar que el Foro resultó todo un éxito al reunir alrededor de 200 personas entre las cuales asistieron representantes de distintas instituciones estatales, miembros de la sociedad civil, academia y público en general.
Asimismo, en el mes de noviembre fue realizado el Segundo Encuentro para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la Ciudad de Guatemala. El encuentro tuvo por objeto generar un espacio de intercambio de buenas prácticas, desafíos y análisis para Instituciones Nacionales de Derechos Humanos que contó con la participación de los y las Defensores/as del Pueblo de El Salvador, Guatemala, y Colombia, y representantes de las INDH de Honduras, México y Chile. En ese sentido, se avanzó en la firma de una Declaración de Compromiso entre la CIDH y las INDH en materia de cooperación técnica y creación de un Mecanismo de Puntos de Contacto. Dicho instrumento ha sido firmado por las INDH de Colombia, Chile, Guatemala, Honduras y El Salvador y se encuentra abierto a la adhesión de otras Instituciones Nacionales de Derechos Humanos de la región.
En ese mismo marco de cooperación, la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia de El Salvador solicitó el apoyo técnico de la CIDH para promover el fortalecimiento de capacidades del Sector Justicia en El Salvador, en el desarrollo de procesos de justicia transicional en ese país tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía por parte de la Sala de lo Constitucional en 2016. La CIDH diseñó una instancia de formación bajo la modalidad taller de capacitación en cuatro módulos consecutivos desde agosto a noviembre de 2018. Durante los módulos, dirigidos a 70 participantes del sector justicia en El Salvador, se abordaron distintas temáticas de relevancia en materia de justicia transicional por parte de especialistas de la CIDH como expertos y expertas internacionales.
Adicionalmente y como parte de su respuesta inmediata a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH a través del MESENI realizó una serie de 10 capacitaciones para fortalecer las competencias de la sociedad civil en Nicaragua. Bajo este esquema fueron formadas 273 personas (estudiantes y movimientos sociales), entre el 24 de junio y 19 de diciembre de 2018, sobre los mecanismos de la CIDH, los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y justicia transicional en Nicaragua y en Costa Rica.
En relación con la articulación con la red académica regional especializada en el sistema interamericano y la firma de convenios con centros académicos de investigación sobre el SIDH durante el 2018 la CIDH avanzó en la firma de diversos convenios de cooperación. En ese sentido, se firmaron un total de 21 nuevos Convenios de cooperación interinstitucional, entre los que se destacan 8 convenios con Universidades. Las instituciones con las cuales la CIDH formalizó su alianza son las siguientes: la Procuración General de Colombia; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de los Estados Unidos Mexicanos; la Universidad Benito Juárez de Oaxaca; la Universidad Metropolitana; la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; el Consejo Nacional del Ministerio Público Federal de Brasil; el Ministerio Público Federal de Brasil; la Facultad de Derecho de la Universidad de Oklahoma; el Consejo Nacional contra la Discriminación de México (CONAPRED); el Ministerio Público de Chile; la Universidad Torcuato Di Tella, Argentina; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia; la International Land Coalition; la Facultad de Derechos de la Universidad Nacional de Córdoba; la Universidad de Los Ángeles: Universidad de Brown; el Ministerio Público del Trabajo de Brasil; la Universidad Católica del Perú; el Instituto de Responsabilidad social y Derechos Humanos (IRRESODH); Save the Children y la REDLAMYC.
En el marco de dichos convenios se está avanzando en la ampliación del Programa de Becas y del Programa de Personal Asociado, así como en actividades de capacitación, promoción e investigación académica. Así, durante el año, ingresaron a la CIDH 7 profesionales en el marco del Programa de Personal Asociado.
En el marco del programa de políticas públicas con enfoque en derechos humanos, se registraron progresos concretos en este período en la estructuración de la Sección de Cooperación Técnica y Políticas Públicas en Derechos Humanos. Se avanzó tanto en la redacción de instrumentos e insumos destinados a quienes se ocupan de la formulación de políticas públicas como en la consolidación de vínculos para prestar asistencia técnica y apoyar las estrategias de fortalecimiento institucional de los Estados y establecer acciones de cooperación con otras instituciones. Igualmente, se ha avanzado en la redacción de lineamientos generales para la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos que pueda servir de insumo a los funcionarios y funcionarias de los países de la región. En esa línea, fue probado el Informe sobre Políticas Públicas con Enfoque de Derechos Humanos el cual presenta lineamientos generales para la formulación de políticas públicas con el objetivo de servir de insumo a los funcionarios y funcionarias de los países de la región. Este esquema de trabajo se replicará en base a otras temáticas y se adecuará en función de los distintos contextos.
Por otra parte, la CIDH firmó un convenio de cooperación técnica con el Estado de Colombia para promover el SIDH proporcionando asistencia técnica al Estado en la implementación del Acuerdo de Paz. Adicionalmente, como también fuera indicado en función del Programa 10, la Unidad Técnica del Sector Justicia de El Salvador solicitó la cooperación técnica de la CIDH para profundizar el conocimiento, la reflexión y el diálogo del Poder Judicial sobre procesos de justicia transicional en ese país.
En la misma línea, se avanzó en el diseño de propuestas de trabajo de cooperación técnica con distintas instituciones gubernamentales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, que tienen por objetivo apoyar los esfuerzos nacionales en la promoción de los derechos humanos y en la formulación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos en diversos temas de mutuo interés, entre los que se destacan: derechos de las personas LGBTI, mecanismos de protección de defensores y defensoras de derechos humanos, apoyo en la implementación de Planes Nacionales de Derechos Humanos y mecanismos de participación social.
Es importante destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos amplió y profundizó a lo largo de 2018 la participación de la sociedad civil en todas las actividades desarrolladas, incluyendo audiencias públicas, consultas, talleres de capacitación, reuniones bilaterales y multilaterales, entre otras.
Seguimiento de recomendaciones
En 2018, la CIDH ha dado pasos importantes en la puesta marcha de la Sección de Seguimiento de Recomendaciones con el fin último de estimular la efectividad del Sistema Interamericano de Derechos Humanos tales como: el desarrollo y mejora de las metodologías de seguimiento de recomendaciones; preparación del portafolio de seguimiento; reformulación del capítulo de seguimiento de recomendaciones de casos individuales en el Informe Anual; desarrollo de los criterios de análisis de cumplimiento con las recomendaciones de estos casos; incremento del número de acciones de seguimiento de recomendaciones con miras a la construcción de rutas consensuadas para el cumplimiento de las recomendaciones lo que ha resultado en un incremento de más de 200% en los niveles de respuesta a la CIDH por parte de los Estados y peticionarios. Paralelamente, cabe mencionar que se incrementaron las respuestas de los países angloparlantes así como sustancialmente del número de reuniones de trabajo, de portafolio y de reuniones con las partes peticionarias en los casos con informe de fondo publicado. Adicionalmente, durante este periodo, se prepararon dos estudios temáticos sobre el cumplimiento de recomendaciones en informes de fondo publicados: uno relativo a los 34 casos de pena de muerte y otro relativo a los 12 casos donde los derechos a la vida o la integridad de mujeres y niñas hayan sido afectados.
En el 2018 la CIDH también fortaleció su articulación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con las redes de defensores del pueblos y redes académicas en materia de seguimiento de recomendaciones con el fin de coordinar acciones e intercambiar buenas prácticas. En este sentido se desarrollaron 15 actividades promocionales y conversatorios, así como capacitaciones destinadas a funcionarios estatales, defensores del pueblo, líderes sociales y sociedad civil de la región. En el marco del establecimiento de alianzas con las redes académicas, se firmó una Declaración de Entendimiento con el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Heidelberg, Alemania). La Comisión también se encuentra colaborando con el proyecto de elaboración de fichas de jurisprudencia de la CIDH relativas a los informes de fondo y de soluciones amistosas, conjuntamente con el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Adicionalmente, la CIDH está desarrollando el Sistema Interamericano de Monitoreo de Recomendaciones de la CIDH (SIMORE Interamericano), que contará con la base de información de todas las recomendaciones hechas por la CIDH, por sus distintos mecanismos, a los Estados Miembros de la OEA. La CIDH trabajó en la sistematización de la información, incluyendo una base de recomendaciones incluidas en informes temáticos y de país e informes de fondo publicados, recopilando 4.113 recomendaciones hechas a los Estados Miembros dela región. El SIMORE Interamericano está basado en la herramienta desarrollada por el Estado de Paraguay de sistematización de las recomendaciones internacionales de derechos humanos realizadas al país y permite el acceso público a información sobre las acciones desplegadas por el Estado, vinculadas al cumplimiento e implementación de las mismas. La relevancia de dicho sistema ha sido reconocida por la propia OEA.
La Asamblea General de la OEA de junio de 2018 aprobó una Resolución sobre Promoción y Protección de Derechos Humanos que reconoce los esfuerzos de la CIDH en poner en funcionamiento un sistema digital de seguimiento de recomendaciones en el marco de su Plan Estratégico 2017-2021, e insta a que continúe desarrollando sus capacidades para dar seguimiento a sus recomendaciones (AG/DOC.5641/18). El sistema contiene una herramienta específica para la participación de la sociedad civil. Durante 2018, se avanzó en la capacitación del equipo de la CIDH y en el desarrollo del prototipo del Sistema. El Taller de presentación de las herramientas del Sistema y capacitación de los puntos focales de la CIDH ocurrió en Washington, y contó con la participación de más 50 personas, incluyendo la participación de diez misiones de los Estados ante la OEA en la presentación del sistema. En la oportunidad, el Estado de Paraguay entregó el código fuente del sistema a la CIDH. En el marco de la implementación del plan, fue preparado un “Documento de estudio comparado de Modelos de indexación de información – Sistemas de Seguimiento de Recomendaciones” y preparada la propuesta de indexación de la información de las recomendaciones de la CIDH en el SIMORE.
Asimismo, la CIDH ha hecho una apuesta fundamental en la consolidación y creación de Mecanismos Especiales de Seguimiento de Recomendaciones, como el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA) – adoptado en relación a México, la Mesa de Trabajo de seguimiento a la implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana, el Mecanismo Especial de Seguimiento de Nicaragua (MESENI) y la CIDH y su Relatoría Especial instalan en Quito, el Equipo de Seguimiento Especial (ESE) del asesinato de miembros del equipo periodístico de diario El Comercio. Los Mecanismos Especiales de Seguimiento facilitan un análisis más holístico de las decisiones y recomendaciones de la CIDH, dan una exposición pública al caso o la situación, dan una sistemática de seguimiento periódico al tema/país lo que resulta en un seguimiento más profundo y enfocado por parte de la CIDH, y con un mejor acompañamiento de los resultados.
Durante 2018, la CIDH aprobó un segundo período de trabajo para el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa y presentó su Informe Balance relativo segundo período de trabajo para el Mecanismo de Seguimiento del asunto Ayotzinapa (MESA) que contiene el seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y de la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la escuela rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa (MC 409-14).
A lo largo del 2018, CIDH realizó dos Mesas de Trabajo sobre Implementación de Políticas Públicas de Derechos Humanos en República Dominicana, creadas para el seguimiento de recomendaciones y compromisos relativos a la adquisición de la nacionalidad, migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y las políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género. La Primera Mesa de Trabajo tuvo lugar en julio de 2018 en la sede de la CIDH en Washington, D.C. En noviembre de 2018 se realizó la Segunda Mesa de Trabajo en Santo Domingo, República Dominicana. La CIDH destacó la creación y consolidación de este espacio de participación de la sociedad civil junto a las autoridades estatales para abordar propuestas con relación a los temas de atención definidos. La Mesa de Trabajo es una oportunidad para avanzar hacia la implementación de políticas de derechos humanos en República Dominicana y constituye una herramienta complementaria en la estrategia de la CIDH, acorde con su Plan Estratégico 2017-2021.
Durante este periodo, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua brindó asistencia a la Comisión de Verificación y Seguridad instituida en el Acuerdo de la Mesa de Diálogo Nacional durante la vigencia de los diálogos y apoyó en la instalación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Nicaragua. Adicionalmente, el MESENI sigue actuando para construir capacidades y realizar formación de la sociedad civil nicaragüense en materia de estándares internacionales de derechos humanos. Desde su llegada a Managua, el MESENI registró la situación de derechos humanos en el país y realizó la consolidación de los datos registrados, analizados y publicados por la CIDH sobre Nicaragua a partir de una rigurosa labor técnica de monitoreo. Por su actuación para Nicaragua, la CIDH dio a conocer de primera a la comunidad internacional, por sus reportes y comunicados, la grave situación de violación de derechos humanos en el país por la represión estatal a partir de la protestas del 18 de abril de 2018, en sus distintas etapas. A pesar de la suspensión temporal del MESENI el 19 de diciembre, la CIDH seguirá monitoreando la situación de derechos humanos en Nicaragua desde la sede en Washington, en especial con el fin de velar por la protección a la vida y la integridad física de las personas, defensa de las víctimas y la libertad de expresión del pueblo nicaragüense, DC. Para ello continuará en contacto permanente con las organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, actores estatales y con las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Agradecimientos
La CIDH agradece a la sociedad civil interamericana de derechos humanos, a los Estados miembros y observadores de la OEA, a los organismos internacionales y regionales, al Secretario General de la OEA, Luis Almagro y su equipo, así como al equipo de su Secretaria Ejecutiva por todo el apoyo prestado para alcanzar los logros inéditos en su historia, presentados en este balance. Agradece a los Estados miembros la implementación de la primera parte del incremento del fondo regular, cuyo aumento se aprobó en el 2017 para ser efectuado en tres años. También agradece a los países miembros, observadores y donantes cuyas contribuciones voluntarias han sido decisivas para el alcance de los resultados presentados: Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Suecia, Suiza, Unión Europea y Uruguay así como otras organizaciones como ACNUR, la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF), la Fundación Aldeas Infantiles, la Fundación Freedom House, la Fundación Ford y Google. La CIDH dedica su trabajo a la memoria de las víctimas y reconoce el rol protagónico de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en la construcción de sociedades más justas y respetuosas de los derechos humanos.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
No. 036/19